El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío ilegal de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó al presidente de ese país, Evo Morales.
El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la ex ministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, informaron fuentes judiciales.
Cabe recordar que la investigación se inició el 9 de julio, con la denuncia del canciller de Bolivia Rogelio Maytas, que mostró la nota de Terceros Lara agradeciendo a la Argentina el envío de material represivo. La misiva fue fechada el 13 de noviembre de 2019, un día después de la asunción de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y recepcionada en la embajada, el día 15.
De acuerdo a documentación de la que dispone el gobierno argentino, está registrada la autorización para el envío de 70.000 cartuchos antidisturbios, 661 granadas de mano y 100 sprays de gas pimienta. Falta dilucidar, todavía, cuál es la verdadera cantidad de material transportado.
La denuncia judicial del gobierno argentino denunció que “el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
Por su parte, López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura como recibida ” en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019″.
Además, pidió que informe “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”.
También solicitó los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.
Además requirió “al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas” aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave.
También solicitó los datos personales de los encargados de carga y descarga.
El magistrado rechazó además un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para “tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados”, informaron fuentes judiciales.
Por otra parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya designó abogado defensor, el letrado Julián Curi.
>> COBERTURA
VER Bolivia denunció que el gobierno de Macri apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales.
—
>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.
>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.
>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.
