El juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo a partir del próximo 29 de julio, cuando cumpla 75 años, por estar “hastiado de la erosión permanente de los medios hegemónicos” durante los últimos cuatro años, según argumentó, y se definió como víctima del presunto espionaje ilegal de la gestión macrista. “Estoy hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos”, sostuvo Canicoba Corral en declaraciones a El Destape Radio.
“Estos últimos cuatro años no los vi nunca en mi vida en los otros 27 años (de su magistratura), por el tipo de injerencia” sobre el Poder Judicial, apuntó el juez en referencia al gobierno de Macri, y reseñó, como ejemplo, que “está probado que la Unidad de Información Financiera (UIF) entró a la base de datos de Migraciones y tomó los últimos 10 años de viajes míos, de mi mujer y de los perros, lo deformó y lo aumentaron”.
“No tengo dudas”, respondió, por otra parte al ser consultado sobre si fue uno de los objetivos del presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
El juez evaluó que “si bien es cierto que los servicios de inteligencia tienen un grado de autonomía, no es menos cierto que en última instancia se responde al jefe”, al ser consultado sobre si pensaba que Macri pudo estar detrás de esas maniobras.
“No hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta que, si tiene cuatro patas y mueve la cola, es un perro”, graficó Canicoba Corral.
Una de las últimas medidas firmadas por Canicoba Corral fue la citación a declaración indagatoria del extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel; del exministro de Economía Nicolás Dujovne; del de Transporte Guillermo Dietrich; y del exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Los funcionarios de la gestión de Cambiemos están citados a declarar en una causa en la que se investigan presuntos ilícitos cometidos en la renegociación de concesiones viales que habrían beneficiado a empresas del grupo Macri.
Las declaraciones están previstas para esta semana y Canicoba Corral podría resolver situaciones procesales antes de alejarse de su función, a fin de mes.
El magistrado presentó ayer su renuncia al cargo con fecha 29 de julio próximo, cuando cumplirá 75 años, edad límite que establece la Constitución para ejercer la magistratura.
Con su decisión, quedarán vacantes tres de los doce juzgados de instrucción del fuero federal porteño, que funciona en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, y donde se concentran las causas por corrupción abiertas a funcionarios públicos.
Canicoba Corral está actualmente a cargo de su juzgado, el federal 6, y también del 12, subrogado por él desde que su anterior titular, Sergio Torres, fuera nombrado integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Además, en los tribunales de Retiro está vacante el juzgado federal 11 tras el fallecimiento de su titular Claudio Bonadio, el 4 de febrero pasado.
Cuando su renuncia sea aceptada por el Poder Ejecutivo y se concrete, la Cámara Federal porteña deberá sortear un juez subrogante para su juzgado y para el 12, con lo que el caso AMIA -entre otros expedientes- tendrá un nuevo magistrado a cargo, a días de cumplirse 26 años del atentado que todavía permanece impune.
El renunciante magistrado tiene, a su vez, varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura, todas ellas vinculadas a su patrimonio y su desempeño en causas judiciales, que no avanzarían en caso de aceptarse la renuncia.
Canicoba Corral está a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA desde 2003, cuando la Cámara Federal porteña apartó de la causa al luego destituido exjuez Juan José Galeano y fue el magistrado que declaró como delito de “lesa humanidad” al ataque del 18 de julio de 1994 y ordenó la captura internacional de los ciudadanos iraníes acusados por la voladura de la mutual judía.
Además, tuvo a su cargo causas como la investigación por presunta defraudación al extitular del SOMU Omar “Caballo” Suárez y el año pasado abrió una investigación por presunta inteligencia ilegal a jueces, periodistas y otros afectados a raíz de denuncias de búsqueda de información en bases de datos sin orden judicial.
También, sobreseyó al extitular de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas en una investigación por supuesta transferencia irregular de fondos desde Brasil vinculada al caso Odebrecht.
En su entrevista con El Destape Radio, el magistrado adelantó además que demandará a los medios que lo ubican al “borde del juicio político”, algo que tildó de “falso”, y explicó que renunció al cargo con fecha 29 de julio tras cumplir 27 años como magistrado, pero seguirá en funciones hasta que se acepte su dimisión.
También se refirió a las críticas por la investigación del atentado a la AMIA, a su cargo desde 2003. “Esa causa es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios”, dijo, en lo que definió como “parte de una campaña de esmerilamiento” contra su persona.
“Dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona”, agregó al reseñar que, como juez del caso, resolvió que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán “no era inconstitucional” y que, al dictar ese fallo, recordó que “el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas” de las órdenes de captura a ciudadanos iraníes por el caso era él como magistrado.
“Había intención de los iraníes de dejar sin efecto las alertas rojas, pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo”, concluyó.
(Con información de Agencia Telam).
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