A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Mauricio Macri redujo las indemnizaciones por invalidez o muerte de un trabajador en un accidente laboral, una medida reclamada por las aseguradoras. La medida tomada por el gobierno producjo fuertes críticas de la CGT, sindicatos y especialistas, que, entre otros puntos, lo tildan de inconstitucional.
El DNU se conoció en la previa de acto de campaña en el que el presidente anunció “propuestas para promover la creación de empleo formal” a partir de 2020, que consistieron en reducir a cero los aportes patronales por cada nuevo puesto de trabajo creado en las Pymes.
El DNU 669 modifica la Ley N° 24.557, que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo, y cambia a la baja el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. En concreto, se tomará la tasa de variación del índice RIPTE mientras que actualmente se hace con la tasa activa del Banco Nación, siempre más alta que la del promedio de salarios.
En los argumentos, el Gobierno sostiene que la aplicación de “tasas de interés en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo”. Agrega que la utilización de la tasa activa del Banco Nación provoca “incrementos desmedidos” de las indemnizaciones. La norma mantiene la aplicación de la tasa activa del BNA en el caso de que las aseguradoras incurran en el incumplimiento del pago.
La Casa Rosada sostiene además que la aplicación de la actual tasa “compromete la estabilidad y continuidad” de las aseguradoras “en beneficio de los trabajadores”. “Actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones (…) asciende a niveles cercanos al 90%”, se argumenta en el decreto.
“El ajuste de las obligaciones de las aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema”, sostiene el gobierno, que agrega que las indemnizaciones generan “rendimientos financieros disociados del daño a reparar”.
