La Secretaría de Energía propuso este martes un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social, en tanto para quienes posean ese beneficio se mantendrían los valores vigentes.
La propuesta fue presentada por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, en su carácter de presidenta de la audiencia pública para considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El encuentro se desarrolló en la modalidad virtual desde las 10.04, en lo que constituye el primer paso para que la Secretaría de Energía disponga los esquemas tarifarios que regirán a partir de junio.
Videla recordó el anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de un “reajuste anual total en sus facturas”, y señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio.
Como el CVS fue en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían del 21,3% y del 42,7%, respectivamente.
Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, “no correspondería hacer ninguna corrección” en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.
En cuanto a los que no cuentan con ese beneficio, que Videla caracterizó como “el común de los ciudadanos”, los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%.
En consecuencia, los incrementos para estos usuarios deberían ser, según los ejemplos presentados por Videla en la audiencia, del 18% al 25,5%.
Como síntesis, la subsecretaria señaló que “los usuarios sin tarifa social, el común de los ciudadanos, tendríamos un incremento del 20% en las facturas”.
La funcionaria remarcó la “convicción” del Gobierno para que “las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios”.
La revisión del esquema de subsidios energéticos fue uno de los puntos acordados en marzo último entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al anunciarse el refinanciamiento de la deuda de US$44.000 millones que el país mantiene con el organismo multilateral de crédito.
En la audiencia de hoy se resaltó que el Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural destinado a la demanda prioritaria, con porcentajes mayores en los meses de invierno, de acuerdo al informe de Videla.
La funcionaria señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés).
De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar.
CUESTIONAMIENTOS
El diputado provincial mendocino, José Luis Ramón durante la audiencia por el aumento de tarifas. (Foto: Twitter).
El diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, cuestionó la presentación realizada en el inicio de la audiencia por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de tarifa social no tendrían un nuevo incremento después del ajuste realizado en febrero, en tanto aquellos que no contasen con ese régimen pagarían en sus facturas un aumento adicional del 20% promedio.
“Eso es una mentira presentada para algunos medios que van a bancar la parada de los aumentos”, exclamó, al tiempo que consideró “falso” el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que “las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%”.
Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que “no es un momento oportuno”, y que su aplicación “afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público”.
En el mismo sentido se expresó Raúl Zavalía, de la Fundación Pro Vivienda Social, quien sostuvo que “es paradójico que estemos discutiendo las tarifas cuando el 50% de las familias argentinas no tienen acceso a la red de gas”, además de advertir que “lo que nos ahorramos a través de los subsidios lo pagamos a través de la inflación”.
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó su “desagrado” por haberse establecido un tiempo de exposición de cinco minutos en vez de diez como en las audiencias anteriores, en tanto Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), reclamó más información sobre “los verdaderos costos” y las ganancias de las licenciatarias, para que “el crecimiento sostenido de nuestra economía no se lo lleven cuatro o cinco tipos”.
Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó la necesidad de “ampliar y mejorar el régimen de tarifa social”, criticó que “los trámites tengan que renovarse cada año”, y a su vez pidió “la anulación de los intereses en los planes de pago” que las empresas habilitan a usuarios deudores.
Por su parte, la diputada radical Jimena Latorre cuestionó al Gobierno por lo que consideró una “incongruencia” entre anunciar un recorte en los subsidios y a la vez aumentar las tarifas por debajo de la inflación y la variación salarial.
Latorre también destacó la ausencia en la audiencia tanto del secretario de Energía, Darío Martínez, como del titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, que las atribuyó a “la interna” del Gobierno.
En otro orden, Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), propuso “revisar la normativa de base que ampara la dolarización de las tarifas” en boca de pozo.
Asimismo, dijo que “no es tan cierto que estemos demandando en exceso el requerimiento de subsidios”, y aseguró que la Argentina se ubica en el puesto 68 en el mundo entre los países en los que el Estado asiste financieramente a la prestación de los servicios públicos.
> Con información de TÉLAM.
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