El Gobierno comenzó el proceso por el cual se licitará la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que generan el 10% de la producción total de energía eléctrica del país. Lo hizo a través del Decreto 718/24 publicado en el Boletín Oficial. Allí establece un plazo de 180 días para publicar los pliegos que permitirán privatizar nuevamente la concesión.
Las cuatro centrales hidroeléctricas que el gobierno busca privatizar son Alicurá (1050 MW de potencia instalada), El Chocón – Arroyito (1417 MW), Cerros Colorados – Planicie Banderita (472MW), y Piedra del Águila (1440 MW). Las represas están situadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Todas serán vendidas a través de un concurso público nacional e internacional.
El Gobierno estableció que las centrales hidroeléctricas seguirán siendo operadas por las actuales empresas que tienen la concesión (la estadounidense AES, la italiana Enel, Aconcagua Energía y Central Puerto, respectivamente) hasta tanto se termine el proceso de licitación en marcha, que podría tardar al menos un año.
El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.
La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.
Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.
Otro tema en cuestión es determinar cómo será la remuneración de la energía generada por esas centrales. A la fecha, las empresas cobran un valor en pesos por kwh que determina de manera discrecional la Secretaría de Energía. A futuro, la idea del Gobierno es que las generadoras puedan hacer contratos de ventas con privados.
Por último, en caso de que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.
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