El vocero presidencial Manuel Adorni, anunció este viernes que el gobierno va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley de reforma electoral que propone eliminar el régimen de las elecciones PASO, una modificación a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) y establecer un nuevo sistema de financiamiento.
Adorni cuestionó las PASO y afirmó que se trata de “una encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.
En esa línea, expresó que solo en 2023 “tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos”, y agregó que “desde su introducción en el año 2011, solo hubo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas por las PASO, de las cuales el 40% no logró, siquiera, alcanzar el umbral del 1,5% para participar de las elecciones generales”.
También especificó que habrá un texto dirigido a la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos “con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma”. La iniciativa propone que las agrupaciones deberán cumplir ciertos requisitos: “Contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (actualmente es el 0,4) y tener un piso mínimo de 3% en dos elecciones consecutivas, que va a significar un mayor esfuerzo en aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan, siempre, en orden, el 2% de los votos”.
Referido a los partidos nacionales, mencionó que deberán “tener presencia en al menos 10 distritos (actualmente se requiere en cinco)”, confirmó la creación de una plataforma digital que funcionará para “gestionar afiliaciones y revalidaciones”, e indicó que “las agrupaciones tendrán un plazo para adecuarse a la normativa hasta 2026”.
El proyecto contempla modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de “reducir el gasto público y transparentar los recursos. Algunas de estas medidas van a ser el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral cedidos por ley a los medios, la eliminación del financiamiento público para campañas, dejando un único aporte anual proporcional a resultados electorales, la prohibición de encuestas se va a reducir de 8 a 3 días previos a las elecciones y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral”.
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