El Gobierno nacional denunció este miércoles al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro jueces federales y a un CEO del grupo Clarín, por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y, entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado.
Según se informó oficialmente, la denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche y en base a instrucciones del presidente Alberto Fernández, tal como lo había adelantado el jefe de Estado al hablar en cadena nacional el lunes pasado.
De manera paralela, la fiscal federal interina de esa ciudad María Cándida Etchepare, imputó a todos los involucrados en una causa penal por ese viaje y estadía, en base a una denuncia que presentó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco el 24 de octubre pasado, según el dictamen al que tuvo acceso Télam.
Etchepare dispuso medidas previas y advirtió que “llama la atención” que las facturas que se le presentaron por el viaje fueron pagadas “al contado” el “mismo día del vuelo”, el 13 de octubre pasado.
En cuanto a la estadía en la estancia de Lewis, declaró como testigo su administrador y entregó facturas de pago del alojamiento que, para la fiscalía, “evidencian una clara discordancia” entre la fecha de emisión, 28 de octubre y la del alojamiento, entre el 13 y 15 de ese mes.
Además, en el dictamen que presentó a la jueza de esa ciudad Silvina Domínguez, la fiscal remarcó que al declarar como testigo, Nicolás Van Ditmar aludió siempre a los ocho pasajeros del vuelo privado que fue a esperar al aeropuerto de Bariloche.
En esa declaración, omitió mencionar que se sumaron otros dos, los directivos del grupo Clarín, llegados en un vuelo comercial de manera casi simultánea y respecto de quienes “no se emitió factura alguna”, en relación a Jorge Rendo y Pablo Casey.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, junto al presidente Alberto Fernández. (Foto: Prensa).
“Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial en relación a la denuncia del Gobierno nacional.
En la denuncia se pidieron medidas de prueba, entre ellas “la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos”.
Hace algunos meses, una investigación periodística de El Destape reveló la constancia de vuelo que mostraba la nómina de los hoy denunciados y, el fin de semana último, el diario Tiempo Argentino develó el contenido de un grupo de chat en el que los acusados intercambiaban estrategias para contener la denuncia y dar una versión construida de las características de ese viaje.
La lista de pasajeros del vuelo privado que llevó a jueces, funcionarios y empresarios a Lago Escondido. (Fuente: MPF / Télam).
Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.
A ellos se suma el actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Todo viajaron hacia Bariloche y ya en territorio patagónico y “según la información que tomó estado público”, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.
El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas”.
Esto daría lugar “a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.
“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse”, se advirtió.
La denuncia remarcó que “es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario -en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.
Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
Otra imagen del arribo de los jueces, jueces y funcionarios a Bariloche y el encuentro con el encargado de la estancia de Joe Lewis. (Foto: MPF / Télam).
El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que “se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento”.
Al respecto, en la investigación preliminar de la fiscalía de Bariloche se dio por probado el viaje, el traslado en dos camionetas pertenecientes a la empresa de Lewis y la estadía en su estancia, aunque se descartó que el magnate haya estado en el lugar.
La fiscal añadió imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto que reconstruyeron lo ocurrido y dan cuenta del arribo de la comitiva y del trayecto de sus integrantes hasta que subieron a las camionetas.
Por ello pidió a la jueza que investigue la supuesta “aceptación de dádivas” .
Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en los últimos días en varias informaciones periodísticas.
El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK que partió del aeropuerto bonaerense de San Fernando, según consta en la denuncia.
“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarca la funcionaria judicial.
En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de “fantasía”, conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
“A su vez, la firma acompañó -a pedido de esta sede- copia de las facturas emitidas en favor de los denunciados, muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente”, enumeró.
Es decir, “estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, remarca la fiscal.
Etchepare pidió informes sobre todos los vuelos comerciales que llegaron a Bariloche ese día y detectó que en la lista de pasajeros de uno de ellos figuraban “dos altos directivos del Grupo Clarín S.A,, Pablo Casey y Jorge Carlos Rendo”.
Ambos fueron ubicados en las filmaciones cuando se unieron a la comitiva arribada en vuelo privado para subir a las camionetas.
> Con información de TÉLAM.
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