La titular del FMI, Christine Lagarde y el ministro de Hacienda de nuestro país, Nicolás Dujovne.
(Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*). La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de dinero. Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un claro y profundo empobrecimiento para quien debe pagar los intereses abusivos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina, dispone que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).
Por su parte, el Código Penal argentino reprime el delito de usura en el artículo 175 bis. En la referida norma se establece que tendrá sanciones de prisión y multa el que, “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorga recaudos o garantías de carácter extorsivo”.
No obstante lo determinado por la legislación, en los hechos, la usura no ha tenido, por parte del Estado, en general, una firme voluntad de reprimirla o de accionar de manera preventiva al respecto. Repárese que esta actividad delictiva hiere grave e injustamente el patrimonio de las personas, afecta la economía pública, la buena fe en los negocios y trae desocupación, empobrecimiento, enriquecimientos indebidos, cierre de fuentes de trabajo y explotación de los débiles. En definitiva, ataca la dignidad de las personas y los pueblos y permite la consumación de otros delitos de diversos tipos. Lo antes referido se potencia en momentos de crisis económicas, como la que se está dando en el país.
A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país la llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria desmedida fue aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera” funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los abusadores.
Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente, situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria. Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta propicio para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.
Por otra parte, no se controla eficazmente a las entidades que dan préstamos, muchas de ellas funcionan de manera informal, con propaganda tramposa, sin dar información sobre los intereses que se cobran y los gastos administrativos abultados que se hacen abonar, sin justificación. En base a fáciles requisitos de otorgamiento y por sumas de dinero no muy grandes, se invita a los más débiles a tomar créditos personales con modalidades usurarias. Los sectores empobrecidos y necesitados solo evalúan su capacidad de pago de las cuotas, sin reparar que terminan pagando tasas de interés desproporcionados que, en algunos casos, llegan a superan el 100% del monto del dinero recibido. A veces, incluso, se retiene parte del capital y se hace firmar como si se hubiera retirado el total y de esa manera se busca disimular los intereses indebidos que se cobran y los necesitados de dinero aceptan dichas modalidades abusivas sin poder oponerse. También comercios de distintos tipos, desde zapaterías a ventas de artículos electrodomésticos, entre otros, han adoptado engaños similares, para otorgar créditos de consumo de sus productos. Tampoco esta modalidad es controlada debidamente por los órganos estatales pertinentes.
Además, nadie investiga los depósitos de muebles, que actúan como casas de empeños disfrazadas y en las que se cobran cifras desmedidas por lo que se presta, con la garantía del bien que se hace dejar en guarda.
Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada, en especial, por el Gobierno Nacional actual, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo y la usura constituye uno de sus fundamentos. Se ha dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer grandemente la deuda, sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva deuda, en un proceso de refinanciamiento permanente, lo que se transforma en una deuda a perpetuidad. En realidad, ante la necesidad inexorable de contar nuevamente con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos someten a condiciones cada vez más desproporcionadas. Situación esta última que se agrava en este momento, si se tiene en cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que el gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los desequilibrios tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza del dólar. Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la usura más despiadada, como son los llamados “fondos buitres”. Fondos estos que esquilmaron a la Argentina y que no saciados con ello han iniciado nuevas demandas contra el país.
No se puede permitir que el Estado siga siendo cómplice y partícipe necesario de la usura nacional e internacional. Y quienes intervengan en representación de Argentina en las negociaciones no pueden llevarnos a consentir créditos usurarios, ya que ello se transforma en una verdadera actividad delictiva que hiere la dignidad de nuestro pueblo y de ninguna manera puede tenerse esa mediación de nuestros funcionarios, como un bien para el país.
* Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado Constitucionalista y periodista columnista de opinión.
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