Pese a las denuncias judiciales por hostigamiento laboral, violencia de género y abuso sexual en su contra, el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, pudo sortear, con el apoyo de los legisladores del bloque peronista y sus aliados, el pedido de informes y de renuncia solicitado por el legislador radical Dante Rossi y el bloque de la UCR. El bloque de Hacemos por Córdoba rechazó el planteo y lo mando a archivo. Repite la postura del Ejecutivo, que a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, ha sostenido al funcionario penitenciario.
Rossi detalló en el plenario virtual del cuerpo legislativo las denuncias periodísticas que publicó el sitio Enredacción en base a las denuncias de dos oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba, que también fueron hechas en sede judicial, y una serie de nuevas presentaciones judiciales, y pidió nuevamente la renuncia de Bouvier.
“Cuando se producen este tipo de hechos, me da asco lo que han hecho. Los legisladores, los representantes del pueblo de Córdoba no podemos permitir que pasen este tipo de cosas. No podemos permitir ni soportar que exista un funcionario que avale este tipo de proceder en una institución del Estado como es el Servicio Penitenciario de Córdoba. El gobierno le tiene que pedir inmediatamente la renuncia a este señor”, reclamó el legislador alfonsinista durante su alocución que se extendió 14 minutos.
Pidió a los demás legisladores que concurran al juzgado donde se sustancian las causas para conocer de primera mano lo que sucede puertas adentro del SPC.
También leyó tramos sustanciales de las mismas, pero sus palabras parecieron salir por el otro oído de buena parte de los legisladores presentes.
El jefe del SPC, Juan María Bouvier. (Foto: Gentileza La Voz).
“Siento que por el capricho de una persona se me truncó todo. Fueron casi 10 años de padecer para poder darle comida, obra social y educación a mi hijo. Un día dije, no puedo más, no puedo denigrarme más. Por mí y por otras mujeres como yo, que trabajan en el Servicio Penitenciario, para que no tengan que padecer así”, denunció N.D.F (las siglas del nombre y apellido). La mujer denunció al jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, por “hostigamiento laboral y violencia de género”.
Esta mujer tiene 40 años y es madre de dos hijos. Oficial del SPC, segunda calificación de su promoción, con una amplia formación y capacitación, comenzó a sufrir violencia laboral y de género cuando se separó de José Gustavo “El Caña” Heredia, en abril de 2010.
Bouvier, el cuarto empezando desde la derecha, y Heredia, el quinto durante una actividad del SPC.
Heredia fue subjefe del SPC hasta diciembre de 2019 y es amigo personal de Bouvier, según la denuncia judicial presentada ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar de 3° Nominación, a cargo de la jueza Laila Córdoba.
Rossi también se refirió a otra denuncia, de una oficial cuyas iniciales son C.Q. Ella fue retirada del SPC. La mujer denunció que “me cortaron la carrera porque no quise acostarme con Heredia”. En su planteo judicial, la oficial revela una extensa trama de hostigamiento laboral, violencia de género y acoso sexual, no sólo de Heredia, sino también de Bouvier y otros miembros del Estado Mayor del SPC.
Dijo el legislador, que le causó “estupor” la respuesta del SPC y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dos de esos párrafos dicen lo siguiente:
-“Que, el Servicio Penitenciario de Córdoba, cuenta en su estructura con el Departamento de Bienestar Social que tiene como ámbito de competencia, entre otras cuestiones, actuar frente a las diversas problemáticas que se vean afectados los agentes de la Institución. Conforme lo informara dicha área, los profesionales que la integran, actúan específicamente, a través de un procedimiento que identifica, aborda y asesora respecto de aquellas conductas de violencia hacia las mujeres y hombres, pertenecientes a la Institución, de las que se toma conocimiento por distintos medios, tales como la presentación espontánea de/la víctima, derivaciones que realizan los superiores y a través de oficios remitidos por Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario”.
-“En tal sentido, se implementa un procedimiento que busca orientar y contener a mujeres y hombres que están atravesando por dicha situación, en sus más diversos alcances, con un abordaje integral. El personal que integra el área referenciada, cuenta con entrenamiento en la temática, así como con un perfil interdisciplinario psicológico, legal y social. Como primera medida se realiza un diagnóstico de la organización y de los recursos disponibles para su intervención, considerando cada etapa del proceso (atención, orientación y acompañamiento)”.
Cabe recordar, que al menos dos oficiales mujeres vieron truncadas sus carreras a causa de acciones de hostigamiento laboral, violencia de género y abuso sexual, en el caso de una de ellas. En ninguno de los dos casos, nada de lo que señala la respuesta enviada al legislador Rossi fue puesto en marcha, ni ejecutado. También, todos los victimarios, siguieron en sus puestos.
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