El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal (MPF) “investigue hechos ocurridos en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, vinculados a la intervención ejercida en el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025”, referido a la adquisición de drones para la Policía de la Provincia. El planteo apunta contra los vocales de la mayoría, Beltrán Corvalán y María Fernanda Leiva, ambos del Frente Cívico.
Cabe recordar que la Provincia preadjudicó la compra de un sistema integral de 15 drones a la UTE Vantac-Huinoil. El proceso licitatorio había comenzado el 31 de enero de 2025 y quedó paralizado en el Tribunal de Cuentas en septiembre pasado, hasta que a fin de diciembre fue observado por la mayoría juecista del organismo de control. Los vocales Corvalán y Leiva apuntaron que “una de las principales observaciones realizadas se vincula con la utilización de la modalidad de contratación de “renglón único”, mediante la cual se incluyeron 29 ítems en una sola convocatoria, diseñada a medida para la única empresa oferente”.
También plantearon que “esta forma de contratación no solo vulnera lo establecido en el artículo 3 de la Ley Provincial de Contrataciones Nº 10.155, sino que también configura un proceso licitatorio direccionado, limitando la libre concurrencia y la transparencia”.
El Gobierno provincial informó que “la presentación tiene por objeto que la Justicia investigue si la resolución mediante la cual se observó el gasto y se negó el visado del expediente se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad, o si, por el contrario, se incurrió en una extralimitación de funciones, al fundarse en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, ajenos y vedados a la competencia del órgano de control”.
Luego advierte que “tales consideraciones implican una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio de división de poderes y excediendo el marco legal que regula la actuación del órgano de control externo”.
Quinteros expresó luego de la presentación, que “sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra”.
Consideró que “estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley.”
Y concluyó diciendo que “expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias”.
MÁS INFORMACIÓN
VER Polémica por la compra de drones: Los motivos del Tribunal de Cuentas y la posición del gobierno.
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