En una sesión cargada de simbolismo y con movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos proyectos clave: la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de emergencia en salud pediátrica, con foco en el Hospital Garrahan. Ambas iniciativas fueron giradas al Senado para su tratamiento, en un contexto de negociaciones políticas marcadas por acuerdos entre La Libertad Avanza y gobernadores, pero también por disidencias dentro del PRO y algunos mandatarios provinciales.
La sesión evocó el clima de 2024, cuando la oposición logró sancionar una ley universitaria similar, vetada posteriormente por el presidente Javier Milei. En aquella ocasión, el veto fue ratificado con un “blindaje legislativo” celebrado por los denominados “87 héroes”. Este año, sin Presupuesto Nacional por segundo año consecutivo, la oposición impulsó una nueva iniciativa para ampliar partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de universidades, becas y recomposición salarial docente. El proyecto obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, quedando a un voto de los dos tercios necesarios para blindar la ley ante un posible veto presidencial.
Por otro lado, la declaración de emergencia en salud pediátrica, con vigencia de dos años, propone la reasignación inmediata de recursos, el uso de reservas, la recomposición salarial del personal de salud y la exención del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos. Este proyecto logró 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando por cinco votos el umbral de los dos tercios.
El impacto fiscal fue el principal argumento del oficialismo para cuestionar ambas iniciativas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto para hospitales implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025, con una proyección anualizada de $133.433 millones. Para el financiamiento universitario, la oposición estimó un costo equivalente al 0,14% del PBI ($1.059 millones), mientras que el oficialismo sostuvo que superaría los $1.500 millones, aunque la OPC no proporcionó una estimación oficial.
Ambos proyectos contaron con el respaldo de la UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el FIT, alcanzando o acercándose a los dos tercios necesarios para resistir un eventual veto presidencial. Su sanción definitiva dependerá ahora del Senado.
En la misma sesión, y sin oposición del oficialismo, se avanzó en un proyecto impulsado por los gobernadores para garantizar un reparto automático del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Este tema será tratado el próximo 13 de agosto en la Comisión de Presupuesto a las 12 horas.
Además, un plenario entre las comisiones de Presupuesto y Energía abordará, a partir de las 16 horas de ese día, una propuesta que elimina tres fideicomisos (Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte y Sistema Vial Integrado) y tres fondos (Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda), además de incrementar la participación provincial en el impuesto a los combustibles. La oposición buscará dictaminar estas iniciativas para su tratamiento en el recinto el 20 de agosto.
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