Son tiempos de lectura rápida. Muchas veces, el modelo McDonald de la opinión pública y de la dirigencia, genera conclusiones de tablón, sin la necesaria reflexión y con definiciones consecuentes. Es necesario aplicar otro modo para entender lo que sucedió.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las clases presenciales en CABA, más allá de los grupos y sus interpretaciones particulares, permite observar un cuadro de situación y las debilidades que tiene el oficialismo. Porque vale aclararlo, el principal perjudicado de esta sentencia es el gobierno nacional y el frente peronista y no en cualquier situación, sino en un contexto de doble crisis económica y sanitaria. Es decir, sin rectificaciones de rumbo, lo que impacta en el ámbito jurídico o superestructural, puede afectar la línea de flotación política del oficialismo, tanto en la construcción de consenso social para gobernar, como en el vínculo con los sectores de poder económico.
También permite observar, que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, demostró capacidad de leer un flanco débil del gobierno en su DNU a la desesperada, y con apoyo social al dictado de clases presenciales, jugó una carta con más posibilidades de triunfo jurídico y político que de derrota. Es en las batallas donde un general muestra si son reales sus condiciones de estratega y también su carácter. La acción del presidente Alberto Fernández –como en la resolución del conflicto policial en la provincia de Buenos Aires- terminó de construir un jefe opositor, que es el menos conveniente al frente peronista y al bloque populista.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que firmaron los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desnuda límites y debilidades del oficialismo.
El primero y fundamental, es que el gobierno no tiene suficiente poder para influir en el curso de la sentencia judicial.
No es el primer caso en que el Ejecutivo queda expuesto en el terreno judicial y el económico:
1) En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad “admisible” el recurso de “per saltum” planteado por los jueces federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, el caso de los jueces subrogantes y luego dictó una nueva resolución sobre cómo proceder en estos casos, que modificó el procedimiento existente.
VER La Corte ratificó los traslados de jueces hasta tanto se definan por concurso los cargos.
2) Los casos de la exportadora Vicentin (se proponía la expropiación y luego, el gobierno dejó la solución en manos de la Justicia, bajo la figura de un concurso de acreedores) y el de la suspensión de las exportaciones de maíz (la reapertura se produjo luego de que la industria garantizara la provisión de aceite comestible de mesa a precio “desenganchado” del valor internacional del maíz y el girasol), donde el gobierno intentó imponer soluciones que luego terminaron siendo modificadas por la protesta opositora y el lobby agroindustrial.
Los jueces federales, en general, son hábiles cortesanos, con una epidermis entrenada y sensible al poder político y los factores de poder. Sobre todo, Comodoro Py, la sede de los tribunales federales porteños. El sistema judicial argentino responde a este comportamiento. Por eso, la Justicia no suele ser generosa en actuaciones contra el poder real. Dentro de este contexto, la resolución del caso de las clases presenciales en CABA, indica que los jueces percibieron que enfrente existe un gobierno débil, con pocas posibilidades de producirle daño.
La historia, la literatura, el teatro, el cine y la teoría política están repletos de ejemplos sobre el comportamiento de la Corte y los cortesanos. Sobre las formas que adquieren el poder y sus beneficios. Sobre las intrigas y sobre los cambios verdaderos.
La Justicia es un poder de control en los sistemas republicanos (el otro es el Poder Legislativo). Su misión es controlar al Príncipe, que en la República es el presidente. Controla que no haya poder absoluto. La realidad es otra en los países emergentes como los nuestros. Se puede establecer un teorema: el grado de control judicial es inversamente proporcional al poder del príncipe. Dicho de otro modo: más lo controla cuando menos poder tiene. La decisión firmada por los cuatro jueces, con algunas diferencias argumentales, expresa que todos percibieron algo similar, que es la falta de poder.
Por supuesto que el fallo también es funcional a “oradar” o condicionar el despliegue de medidas y políticas “populistas” para superar la doble crisis, sanitaria y económica, porque afecta el saldo de poder del que dispone el gobierno y el bloque social, cultural, económico y político que lidera el frente peronista.
La referencia a la debilidad del poder tiene que ver con el conjunto de los ejemplos citados, tanto en lo judicial como en lo económico, a lo que debe agregarse que frente a la crisis sanitaria, ni siquiera los gobernadores peronistas tomaron el conjunto de medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional. Se trata de una señal difícil de eludir.
También que los jueces no vislumbran daños mayores al poder propio, sobre todo porque el oficialismo está empantanado con la reforma judicial y el sistema de elección del Procurador fiscal, que incluye la remoción de Eduardo Casal, designado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Desde hace meses, el gobierno intenta conseguir los votos para hacerlo sin que se produzcan novedades.
Otra imagen de lo ocurrido, es que el gobierno jugó una final sin controlar todas las variables. En el frente judicial carece aún de un “operador” efectivo. Es decir, de un dirigente capaz de negociar con los jueces y factores de poder entre bambalinas, a la par de saber dibujar el mapa real de posibilidades de las iniciativas que tengan que cruzar los edificios judiciales. La negociación nunca, obviamente, es a cambio de flores o caramelos. Es el famoso lobby, que en Argentina, como no está legalizado, se denomina “operación”. En EE.UU. el lobby es legal.
Hasta ahora, llama la atención que el peronismo, una fuerza acostumbrada a manejar las variables del poder, se dedique sólo a lanzar bravuconadas hacia el Palacio de Justicia. Esa actitud, cuando alguien no tiene poder suficiente, sirve para empeorar el cuadro de situación.
Durante el “menemismo”, uno de los operadores más famosos era el ministro del Interior, Carlos Corach. Buena parte de los jueces actuales de Comodoro Py estaban en una servilleta con la que Corach le ejemplificó al ex ministro Domingo Cavallo sobre los tentáculos del poder oficial. En el kirchnerismo, el “operador” fue Javier Fernández, hoy auditor de la AGN (Auditoría General de la Nación). En el macrismo, sobresalieron dos: Pepín Rodríguez Simón y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici. Ahora, los que intentan retomar este sendero son el primo del ministro del Interior, Wado de Pedro, Roberto Uztarróz, y el mismo Javier Fernández, que se reconcilió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El problema, en este caso, ha sido el propio presidente Alberto Fernández, que intentó desarrollar un canal propio, una especie de tercera vía, con la ex ministra de Justicia, Marcela Losardo, que como se vio, no funcionó. Ese fracaso es el que ahora está pagando el gobierno.
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