El proyecto de ley Ómnibus volverá a ser debatido en comisiones y su tratamiento comienza desde cero, cayendo las votaciones en general y en particular realizadas hasta el momento (Artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja). La decisión se tomó este martes tras una moción del diputado Oscar Zago, jefe del bloque La Libertad Avanza. El motivo de la resolución fue la votación contraria en particular que cosechaba la ley y que limitaba al mínimo las facultades legislativas que esperaba obtener el presidente Javier Milei. Esas primeras votaciones desnudaron que el oficialismo no tenía los votos necesarios para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda, y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.
La ley se había aprobado en general y este martes se iba a votar en particular, pero la dura derrota que estaba sufriendo el oficialismo a partir de la falta de acuerdos, obligó a La Libertad Avanza a levantar bandera blanca y regresar la iniciativa a Diputados. La votación en particular se inició sin acuerdos firmes del gobierno nacional con los gobernadores Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba), los de Juntos por el Cambio (JxC), y los de Salta, Tucumán y Santa Cruz.
Con la vuelta a comisión del proyecto de Ley Ómnibus, se levantó la sesión y la iniciativa promovida por el Gobierno Nacional tendrá que ser analizada de nuevo.
A partir de esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.
La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.
El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques.
La sesión ingresó en un túnel sin salida, cuando Diputados comenzó a rechazar gran parte de los incisos del Capítulo sobre Reforma del Estado, contenido en la Ley Ómnibus para la Libertad de los Argentinos, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, y que referían a la reorganización administrativa de los organismos de gobierno.
El rechazo de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa fue producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el FIT, diputados de partidos provinciales, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.
“Al oficialismo le encanta seguir perdiendo. Traten de receptar algunas propuestas y de ganar, siempre hay que ganar”, expresó el titular del bloque Hacemos, Miguel Angel Pichetto, antes de pedir un cuarto intermedio de quince minutos con los jefes de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras cuatro horas de sesión, el debate en particular de la iniciativa sólo cubrió cinco de los más de trescientos artículos del proyecto de Ley.
La votación por incisos, mocionada por el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, enterró las chances de que la ley tuviera un mejor destino para el oficialismo ya que, en el caso del artículo quinto, al eliminar cinco de los seis incisos, la iniciativa quedó inerme.
La Cámara de Diputados había resuelto eliminar el inciso a) referido a la facultad del Poder Ejecutivo a “regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional”; y el c) que le permite “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional”.
El Gobierno tampoco podría “suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional”, contenido en el inciso d).
También había eliminado el inciso e) con el que el Poder Ejecutivo podía “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional”.
En cambio, se había mantenido en pie el inciso b) que permitía “regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
Del proyecto del oficialismo también había sido aprobado el artículo sexto que facultaba al Ejecutivo a “regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional”.
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