La legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos).
La legisladora Liliana Montero denunció que “el gobierno Provincial demuestra que, por un lado, subejecuta los programas sociales y, por otro, “sobrejecuta” lo presupuestado para las Agencias del Estado, las cuales manejan dinero sin control del Tribunal de Cuentas”.
También aseguró que “la Provincia duplicó el presupuesto para publicidad entre 2016 y 2017 (programa “Información pública”), mientras que el Paicor aumentó apenas el 19% en el mismo período. Para colmo, en los primeros seis meses ejecutó el 99% (en un año electoral) del primero, y apenas el 39% del segundo”.
Los datos surgen de un informe realizado por la legisladora provincial Liliana Montero, en donde analiza la Cuenta de Ejecución presupuestaria del primer semestre de este año, que hace pocos días ingresó a la Legislatura de Córdoba (ver www.cba.gov.ar/ejecuciones). Se trata del informe que muestra qué y cuánto gasta el Gobierno de Córdoba.
“Está claro que el gasto público de la provincia desmiente el relato del Poder Ejecutivo sobre los supuestos esfuerzos para mitigar los efectos de la pobreza estructural”, manifestó Montero.
Agregó que “no es nuevo: Desde hace años se viene repitiendo el patrón de la subejecución de los programas sociales. De hecho, si se comparan las ejecuciones de mitad de año del 2016 y de 2017, se repite prácticamente el mismo esquema y en los mismos programas”.
“Son al menos 34 los programas sociales y de inclusión social subejecutados con menos del 40% del presupuesto comprometido, a pesar de haber transcurrido la mitad de 2017, según datos de la mencionada ejecución presupuestaria”, precisa la legisladora..
Los programas subejecutados son los que están destinados a atender las problemáticas más graves y a las personas más vulnerables de nuestra provincia: niñez, violencia familiar, adicciones, nutrición, VIH, y medioambiente, entre otros.
Luego señala que “el monto asignado a muchos de estos programas, que incluso hasta varios tienen una afectación específica fijada por distintas leyes, al final de año, al no ser ejecutados, pasan a engrosar el FUCOR (Fondo Unificado Córdoba) y a atender cuestiones que nada tienen que ver con lo que manda la ley (ya sean leyes de afectación específica o la ley de Presupuesto)”.
“Desde hace varios años venimos planteando qué sentido tiene la Ley de Presupuestos –cínicamente denominada ‘la ley de leyes’-, y qué sentido tienen las leyes que votamos para priorizar ciertos financiamientos, como la violencia de género, si finalmente el gobierno provincial tiene plena discrecionalidad para “acomodar” las asignaciones a su propio gusto”, manifestó la legisladora.
Y agregó: “Claramente, esto demuestra una vez más que la división de poderes no existe en Córdoba, y que la Legislatura no sólo es un brazo ejecutor, o escribanía, del Gobierno Provincial: además, este ni siquiera está obligado a cumplir las leyes que él mismo manda a sancionar”.
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