La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este martes 7 de mayo a las 10 horas, a una Radio Abierta, que se desarrollará frente a Tribunales II para repudiar “la elevación a juicio de la causa armada por la Justicia provincial” contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y los dirigentes sociales y políticos, Emanuel Berardo, Soledad Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano.
La Justicia los acusa del “supuesto delito de ‘Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos’, durante la masiva Marcha contra el Hambre del 5 de abril de 2023”.
Dice el comunicado de ATE que el fiscal Ernesto De Aragón “construyó una causa sin fundamento jurídico y con el solo fin de amedrentar a dirigentes que ejercieron su derecho legítimo a realizar una protesta pública, en marco de las garantías constitucionales que otorga el cuerpo legal argentino y los tratados internacionales, que está siendo criminalizada por el Gobierno de Córdoba”.
Agrega que “la causa le imputa a Giuliani desacato a la autoridad y obstaculización del transporte público, fundamentado en una resolución ilegal del juez de Control N° 10, Juan Fernández López, a instancias de integrantes de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Córdoba, más preocupada por reprimir la protesta que por defender a la actividad comercial en la ciudad, crudamente atacada por la política de represión del consumo interno en nuestro país que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, en plena sintonía con el Gobierno de Córdoba”.
Giuliani dijo que el juicio “es una maniobra para disciplinar a los dirigentes luchadores. A 40 años de recuperada la democracia no podemos dejar que el Poder Judicial no garantice el derecho a huelga y el derecho a la protesta, en un contexto de neofascismo y ajuste brutal sobre el pueblo trabajador que está aplicando el Gobierno Nacional, los gobernadores e intendentes”.
Por último, expresó que “vamos a pedir que se anule el juicio”, y anunció que denunciará al fiscal De Aragón y el juez Fernández López por “incumplir la legislación y la jurisprudencia vigente y lo resuelto por la Corte Interamericana de DD.HH.”
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