La Cámara 8° del Crimen de Córdoba, integrada por Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, condenó a prisión perpetua como co-autores del homicidio de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020, a los cabos primero, Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35). También dispuso inhabilitación absoluta y especial mientras dure la pena para ejercer cargos públicos, tener empleo policial y portar armas. El fallo fue dictado por unanimidad.
A su vez, el tribunal consideró que los cinco ocupantes del Fiat Argo, Juan Cruz Camerano Echevarría que conducía el auto, y sus amigos y compañeros de colegio, Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, fueron víctimas de violencia institucional. En el mismo sentido se expresó respecto de los padres de Blas (Soledad Laciar y Blas Fernando Correas), a su hermano Juan Pavez Laciar, a sus abuelos maternos y a sus tías Romina Laciar y Gabriela Correas. Dijeron los jueces que se los debe reconocer “como víctimas de actos de violencia institucional cometidos por miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba, vinculados a los hechos ocurridos el 6 de agosto de 2020 y días posteriores, a tenor de la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes nacionales y provinciales en la materia”. Este punto es inédito en casos de este tipo en la Provincia. Como consecuencia de ello, Gómez, Alarcón y el Estado provincial deberán abonar indemnizaciones por alrededor de 130 millones de pesos.
La resolución también escaló hacía responsabilidades superiores. En este caso, pidió la apertura de causas contra el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario que dirigía la cuestionada Ana María Becerra, por “haber omitido actos atinentes a sus funciones” respecto a la condena por encubrimiento de una violación que portaba el cabo primero Lucas Gómez; contra el ex ministro de Seguridad y actual legislador provincial, Alfonso Mosquera, y de Lucas Mezzano (ex subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica y actual miembro del flamante Tribunal de Conducta Policial), por posible abuso de autoridad y malversación de caudales públicos (corrupción), al proveer, luego del crimen del adolescente, un vehículo Toyota Corolla para uso personal al comisario Gonzalo Cumplido, subdirector de operaciones de Córdoba Capital; y a la actual jefa de Policía y entonces responsable de Recursos Humanos, Liliana Zárate Belletti, por “supuesta omisión de deberes de funcionario público”, al no haber supervisado la formación adecuada y el control de desempeño funcional, puntualmente en el caso del cabo Alarcón, que no había aprobado el examen de tiro e igual estaba en funciones operativas y portaba armas; y por tener conocimiento, a partir del manejo de los legajos del personal policial, de la condena de Gómez.
Además reclamó “con carácter de urgente” al Gobierno de Córdoba que arbitre los medios para capacitar a los policías en cuanto al manejo de las armas, la preservación de la escena del crimen, y la contención (trato) de las víctimas; y pidió que “se profundicen las evaluaciones periódicas psicofísicas a los policías en actividad, para que nunca más se repita lo acreditado en el presente proceso”. En otro punto de la sentencia, los jueces plantearon al Ministerio de Seguridad que debe modificar la legislación vigente y retener el armamento de todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.
Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.
Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.
El expediente detalla que el cabo primero Gómez (37), “con intención de matarlos” efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón (33), “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, también efectuó dos disparos “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.
Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.
Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo.
Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías ‘plantaron’ un arma en las cercanías donde luego ocurrió la balacera y trataron de encubrir el asesinato.
Blas Correas murió cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes.
LAS OTRAS CONDENAS
La agente Wanda Esquivel fue condenada a 3 años de prisión; y la oficial ayudante Yamila Martínez (25), a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
Por su parte, Leando Alexis Quevedo, fue condenado a cuatro años de prisión; el cabo Ezequiel Vélez a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional; el subcomisario Sergio González a cuatro años y diez meses de prisión; Walter Soria a cuatro años y nueve meses de prisión; y el subcomisario Enzo Quiroga a cuatro años y ocho meses de prisión.
En tanto, el comisario inspector Jorge Galleguillo, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión; el comisario Juan Antonio Gatica de cuatro años de prisión; y el agente Juan Orlando Ramírez de 1 año de prisión de ejecución condicional por vejaciones.
Por último, fueron absueltos el cabo Leonardo Martínez y el agente Rodrigo Toloza.
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QUIÉNES ESTUVIERON
La lectura de la sentencia tuvo una numerosa y amplia convocatoria, ya que participaron jóvenes; dirigentes políticos (entre otros, el legislador provincial Marcelo Cossar -UCR-); la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres; el secretario de DD.HH de la Nación, Horacio Pietragalla; el director de DD.HH. del Senado de la Nación, Martín Fresneda; y madres y familiares de víctimas de “gatillo fácil” y del siniestro vial protagonizado por el legislador provincial Oscar González, entre otros. También concurrió para apoyar a la familia de Blas, a Tribunales II, la barra de Belgrano. El adolescente era, además de hincha del “Pirata” de barrio Alberdi, nieto de una las glorias de la institución, Miguel Laciar. No participaron dirigentes ni funcionarios del oficialismo provincial.
