El senador nacional Pino Solanas (Foto: Prensa Senado de la Nación).
El senador nacional Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) denunció en la Justicia a los empresarios Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri y titular de IECSA hasta 2017 cuando vendió la compañía a Pampa Energía de Marcelo Mindlin-, Carlos Wagner (ESUCO), Aldo Roggio (Grupo Roggio) y Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería), entre otros empresarios, por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
La denuncia quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello. El legislador señaló además a otros “arrepentidos” que se autoincriminaron ante el juez Claudio Bonadio, en la causa de los “Cuadernos”. Ellos son Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (IECSA), Juan de Goycoechea (Isolux), y Armando Loson (Grupo Albanesi).
Aldo Roggio, hasta ayer no había obtenido el estatus de “imputado colaborador” de parte del juez Claudio Bonadío y su declaración indagatoria pasó a un cuarto intermedio.
Tanto el Grupo Roggio como Electroingeniería tienen y tuvieron obras públicas en Córdoba. Roggio posee además la concesión de Aguas Cordobesas, de casinos provinciales a través de CET y explotaba la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, hoy clausurada. Mientras que la empresa de la familia presidencial IECSA, una compañía que históricamente desarrolló numerosas obras en la provincia y actualmente -convertida en SACDE- participa de la obra del cierre de la Circunvalación, entre otras, también quedó expuesta en la causa de los “Cuadernos” y en la denuncia Solanas.
El empresario Aldo Roggio.
La particularidad del caso es que al intentar evitar la cárcel y la figura de pagos de coimas (cohecho), los empresarios admitieron haber entregado dinero para las campañas electorales. Es decir, hay admitieron haber cometido un delito menor al de cohecho o soborno. De cualquier modo es la declaración de los propios involucrados, que la Justicia debería probar, dado que las sumas que dicen haber entregado podrían haber sido utilizadas para obtener beneficios -sobreprecios o licitaciones-. En cualquiera de los supuestos, el dinero que admiten haber entregado a funcionario de la administración nacional de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner pudo tener tres orígenes posibles, según explica Solanas: ” Con dinero que fue lavado y proviene de actividades ilegales; con fondos de las empresas que no fueron debidamente declarados; o bien con facturas apócrifas”. Esto significa que las obras y operaciones en Córdoba también deberán ser investigadas porque pudieron haber sido proveedoras de los fondos usados para cometer un delito.
Las obras y operaciones en Córdoba deberían ser investigadas porque pudieron haber sido proveedoras de los fondos usados para cometer un delito.
Solanas indicó que “estos empresarios se acogieron a la figura del arrepentido, en razón de supuestamente haber entregado diversas sumas de dinero por varios millones de dólares a funcionarios del Estado Nacional, durante los gobiernos de los ex-presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Las sumas entregadas corresponden a posibles sobreprecios en la realización de distintas obras públicas realizadas desde los años 2003 hasta el 2015, y con el objeto de ser beneficiarios de las mismas en las correspondientes licitaciones, o eventualmente contrataciones directas que se habrían realizado”.
Si bien los empresarios declararon ante Bonadio amparándose en la figura del arrepentido, el senador advierte en su denuncia que “todavía se los debe investigar por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos”.
La maniobra se puede haber hecho de tres formas: con dinero que fue lavado y proviene de actividades ilegales; con fondos de las empresas que no fueron debidamente declarados; o bien con facturas apócrifas” (Pino Solanas).
Explicó que “existe una cuestión obvia, que surge del arrepentimiento de los denunciados, y es que el dinero que entregaron a los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos”. En ese sentido, consideró que “la maniobra se puede haber hecho de tres formas: con dinero que fue lavado y proviene de actividades ilegales; con fondos de las empresas que no fueron debidamente declarados; o bien con facturas apócrifas”.
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