La corrupción en Argentina no es un simple delito penal ni menos aún un pecado religioso. Es un sistema de acumulación y construcción de poder político, económico y sindical. Con impunidad garantizada por la justicia.
En la obra pública es donde este Sistema de poder funciona con mayor facilidad. Sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado, y lavado de activos.
En el libro “La corrupción como modelo de poder” con prólogo de Alejandro Garro (Astrea 2019) se muestran dos fenómenos trágicos. Que el 82% de los argentinos declara tener escasa, baja o nula confianza en la justicia. Y que la causa de esta desconfianza es la Impunidad de los delitos del Poder. En segundo, que el costo económico de la corrupción solo en la obra pública, supera los 20mil millones de dólares en el periodo 2005 a 2015.
Este es el contexto en el cual se debe leer la sentencia dictada en contra de nuestra vicepresidenta. Por primera vez en la historia argentina tenemos una condena por corrupción de una vicepresidenta en funciones. Y ello es positivo para la Democracia y para los Derechos Humanos.
Por varias razones. En primer lugar, por ser una condena que emerge de un proceso judicial con pleno respeto a las garantías judiciales del art. 8 de la Convención Americana. La cultura política argentina, aun en crisis, no admite linchamientos políticos revestidos de legalidad. Las palabras de la vicepresidenta que a ella “solo la historia la juzgara y no los jueces” revela la vanidad del poder. Pero además expresa un reconocimiento de que los hechos y pruebas del juicio son fundados y sólidos.
Pero que el árbol no tape el bosque. Esta sentencia no alcanza para reconciliar a la Justicia Argentina con la Sociedad. Una Reforma del Sistema Judicial en serio no puede limitarse a nombres de jueces o competencias funcionales o a presupuestos. La reforma judicial que necesita la Argentina debe ser la de un cambio en la política criminal del Estado.
Desplazar el peso de la persecución penal de los delitos de la pobreza a los delitos del poder. La Comisión Interamericana en su Resolución 1/18 de Bogotá dijo 2 cosas que son indispensables para la lectura del juicio a Cristina. Que la Corrupción es la mayor violación a los Derechos Humanos en el continente y que su impunidad se debe a la debilidad de las Justicias de América con el Poder.
Es decir, que esta sentencia que castiga a nuestra vicepresidenta es un logro de la Democracia, pero no es suficiente.
Debe ser entendida como el comienzo de un proceso de cambio de una ideología judicial marcada por los jueces del poder de los que hablaba Balzac en la Comedia Humana. “Los que mandan” en Argentina deben entender que ningún programa de crecimiento económico ni de lucha contra la inflación o la pobreza tendrá éxito en una sociedad que en un 82% desconfía de la justicia y de la ley. La condena de Cristina Fernández de Kirchner es solo el comienzo de un cambio.
* Juan Carlos Vega es abogado (UC Córdoba) y sociólogo (UC Lovaina). Fue diputado nacional.
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