Desborde peligroso. La planta de Taym, sobre Ruta Nacional 36, horas después de que el torrente de agua la atravesara. (Archivo)
Juan Negri, uno de los dos concejales radicales, argumentó en su presentación que “nos constituimos como querellantes particulares dada la peligrosidad de lo ocurrido y de las actuaciones disímiles y poco claras que han tenido los actores del hecho y las partes intervinientes; me refiero a la empresa Taym, a Aguas Cordobesas, a la Justicia y al Gobierno Provincial”.
A su vez, su colega de bancada, Héctor Carranza, dijo a Cadena 3 ayer, que “es una situación que no admite más dilaciones. Hay que actuar, ya que la salud de miles de ciudadanos de la zona sur de la ciudad podría correr peligro. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para tomar cartas en el asunto”.
En la presentación, Negri y Carranza aseguran que “Somos penalmente ofendidos por un delito ‘prima facie’ contra la salud pública, tal como lo estipula el Código Penal”. Apuntan que “tenemos legitimación procesal ya que nos presentamos como ofendidos directos por el delito, no como meros afectados por un interés colectivo”.
El martes 28 de marzo la planta de tratamiento de desechos industriales de TAYM fue desbordada por un torrente de agua que obligó al gobierno provincial a clausurarla preventivamente. Se cree que el agua desbordó una de las fosas que estaban abiertas y las lagunas en las que se vierte el lixiviado de las operaciones de tratamiento de los residuos y las volcó en el exterior de la planta. En principio, la potabilización de agua en la planta Bouwer de Aguas Cordobesas, que abastece al 30 por ciento de la población de la ciudad, fue interrumpida y un día y medio más tarde, se reanudó el proceso. El 30 de marzo, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, el ERSEP, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Aguas Cordobesas mostraron análisis que indicaban que ese vertido no había afectado a largo plazo el agua cruda que trata la planta potabilizadora sur. El caso es investigado por el fiscal Alejandro Peralta Otonello.
Ahora, los dos concejales de la UCR, alegaron que las consecuencias que los hechos investigados pueden tener sobre sus familias y demás ciudadanos, de causar graves e irreparables daños en la salud, los habilita para tener participación procesal.
De este modo, explicaron que los llamados “delitos pluriofensivos” instan la participación en el proceso penal de los particulares que, aún sin ser los titulares del bien jurídico de la norma vulnerada, puedan resultar afectados directos por el delito.
“Más allá de lo dicho -señaló Negri-, nos asiste el deber jurídico impuesto por la Carta Orgánica y la obligación moral de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que nos han confiado la tutela y protección de sus intereses”.
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