Ingreso al mayor establecimiento penitenciario de la provincia. En dos de sus módulos hay presos que no tienen celdas y duermen en el piso.
“Hola. Necesito saber qué se puede hacer por mi hijo. Hace tres días que lo sacaron del pabellón donde estaba y lo llevaron a un calabozo sin darle explicaciones. Tiene que dormir en el piso, no lo sacan al baño y no le dan comida. Están en la central del MX2 en los box. Por favor, decime si se puede hacer algo”.
El mensaje de Gladis Mónica R. llegó a nuestra redacción intentando encontrar las soluciones y la información que no le dan ni la Justicia ni el Servicio Penitenciario.
Gladis no miente. Su hijo Axel C. se encuentra alojado de manera irregular en uno de los boxes del MX2, uno de los módulos de máxima seguridad del Complejo de Bouwer. Es uno de los siete internos que permanece de manera ilegal en un sector de la cárcel que no está acondicionado para que pernocten internos. No tienen baño, mobiliario, ni ventilación. Tampoco tienen acceso al teléfono público para comunicarse con sus familiares. Claramente son lugares que no están pensados para que allí vivan personas.
“En cada módulo está lo que le llamamos ‘el Central’, donde hay unos boxes que sirven para dejar a un interno, por ejemplo, si lo tenés que sacar al hospital. Entonces lo requisás y lo dejás ahí una hora”. La explicación proviene de un jerárquico penitenciario que fue consultado por ENREDACCIÓN, y que respondió bajo la condición de que no fuera detallado su nombre, por temor a represalias.
“En la Dirección General me reconocieron que ese lugar no correspondía y prometieron que los iban a trasladar, pero no me quisieron dar una fecha”, completó la madre de uno de los internos allí detenido.
Precisamente en esos boxes que sólo sirven como lugar de paso, viven actualmente 7 internos del MX2, complejo que ya está completamente abarrotado. Lo mismo pasa en el Módulo MD1, donde hay 8 internos viviendo en las mismas ilegales condiciones. En la jerga penitenciaria, se dice que los mandaron “al freezer”. La metáfora parece bastante precisa.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CARCELARIA
En los últimos dos años, la población carcelaria de toda la provincia de Córdoba se ha vuelto a disparar, como ocurrió en la década del 90 con el triste saldo del motín de 2005, pero entre medio, con una realidad de cárceles infrahumanas que llevó casi una década regularizar.
Desde el año 1996, y de la mano de las políticas neoliberales, mucho más afines a la prisionización como solución a todos los males de la sociedad, la población carcelaria comenzó a incrementarse en todo el país y también en Córdoba. Desde la cifra de 3112 internos registrados en aquel año, comenzó a registrarse un alza sostenida que en los años sucesivos comenzó a hilvanar números preocupantes año tras año: 3283, 3475, 3854, 4196, 4582, 4926, 5300 hasta llegar al pico de 2004, con 5661 internos.
Pareció que se había llegado a un techo en esa preocupante parábola. Más aún luego de la lección que implicó la tragedia de febrero de 2005 con el motín de San Martín. Ese año la población carcelaria cayó por primera vez desde 1980. En ese luctuoso 2005 se contabilizó un total de 5484 presos, para luego pasar a 5162 en 2006 y 5128 en 2007.
Recién allí volvería a quebrarse la tendencia, y el número comenzaría a subir hasta 2013: 5375 (2008), 5622 (2009), 5862 (2010), 5994 (2011), 6307 (2012), y 6977. En 2014 se registró una considerable baja, pasando a 6347 personas, pero se revirtió al año siguiente, con 6763 encerrados bajo la órbita del SPC. Si bien no se dispone de datos oficiales de finales de 2016, sí está confirmado que en la actualidad los pobladores de las cárceles cordobesas totalizan 7811 internos, dato que fue informado por el Ministerio de Justicia de la Provincia ante la consulta de ENREDACCIÓN. Implica una suba de 15% con respecto a 2015, muy por encima del crecimiento poblacional para el mismo período.
MÁS ALOJAMIENTO, MENOS TRATAMIENTO
Aquellos presos que son mandados al “freezer” son quizás la parte visible de un iceberg que es sistemáticamente ocultado y omitido por las autoridades políticas y judiciales de la provincia.
Si hoy se cotejan las cifras de hacinamiento de las poblaciones carcelarias de las diferentes provincias, Córdoba podría hacer gala de encontrarse por encima de la línea de flotación, es decir, con menor cantidad de presos que su capacidad formal.
Sin embargo existe un trasfondo que revela que la realidad lejos está de un aparente equilibrio. Esto tiene que ver con la saturación de todos los servicios carcelarios, consecuencia de que en los últimos años fueron incrementadas las capacidades de alojamiento de los complejos, pero sin un crecimiento acorde de la estructura operativa ni de tratamiento penitenciario.
El problema nace de la “estrategia” que despliega el Servicio Penitenciario para poder albergar a todos los procesados y condenados que le deriva la Justicia. En lugar de negarse o de exigir soluciones estructurales, el SPC se aviene a aceptar nuevos internos, forzando las capacidades de sus cárceles.
De ese modo cumple con el requisito autoimpuesto por la Justicia, el cual prohíbe el alojamiento en un complejo carcelario en el que esté excedida su capacidad. La solución parece ser agregar camas e informarlas a la Justicia.
Y con ello, el recurrente error de siempre: habilitar dos allí donde debería dormir uno. Pabellones que fueron diseñados y habilitados para albergar 25 presos, pasaron luego a 33 y actualmente a 41. Si bien en algunos casos como el de las cárceles más nuevas (Bouwer, Cruz del Eje y Correccional de Mujeres) la estructura de las celdas pareciera permitirlo, lo que nunca se llega a hacer es duplicar la estructura operativa para dar efectivo tratamiento penitenciario a esa población ampliada.
Durante su anterior gestión como ministro de Justicia, y tras declarar la emergencia penitenciaria luego del motín de 2008 en San Martín, el ministro Luis Angulo prometió un nuevo módulo para el complejo de Bouwer, la construcción de una cárcel federal, y una nueva UCA que se erigiría junto al Correccional de Mujeres, también en Bouwer. A ello se sumaba una cárcel nueva en Río Cuarto.
De todo ello, sólo se compró el predio de Río Cuarto, y no mucho más. Se han sucedido ampliaciones y parches en los diversos establecimientos, elevando la capacidad de alojamiento pero sin un crecimiento equivalente de la estructura encargada del tratamiento penitenciario. “Estamos casi con las mismas cocinas, las mismas escuelas, los mismos talleres”, señala la fuente consultada.
HABITACIÓN TWIN. El gobierno inaugura nuevos pabellones en los que se omite la ley nacional, que sugiere que los internos sean alojados en celdas individuales.
Si bien se incrementó la capacidad del sistema en su conjunto, también en estos dos últimos años se dieron de baja dos establecimientos que albergaban presos provinciales: la cárcel de San Martín y la cárcel abierta ex Crom, donde ahora funciona la UCA. Ambos cierres fueron “compensados” con un incremento en las capacidades de las otras cárceles, incluida la duplicación de Montecristo, también bajo el sistema de cárcel abierta, donde algo más de un centenar de presos transcurren la última etapa de sus condenas.
“Se ampliaron los pabellones y se amontonaron los presos. El resultado lo estás viendo en la reincidencia, porque no hay forma de trabajar en la resocialización si de repente tenés el doble de gente”, asegura el mismo penitenciario que pidió estricta reserva sobre su nombre.
“Lo que pasa con la educación te está marcando lo que hoy sucede en las cárceles de Córdoba: empezás con una matrícula de 100 y terminás con 10. Y esto es consecuencia de que no hay estructura ni personal para encargarse de esa tarea clave”.
“Lo que pasa con la educación te está marcando lo que hoy sucede en las cárceles de Córdoba: empezás con una matrícula de 100 y terminás con 10. Y esto es consecuencia de que no hay estructura ni personal para encargarse de esa tarea clave”, dice el uniformado.
Sucede algo similar con la infraestructura de servicios del complejo de Bouwer, que cuenta con una planta depuradora de líquidos cloacales calculada para una población máxima de 2100 presos. “Hoy tenés más del doble de internos alojados, y se trabaja con la misma planta, que se vive rompiendo con mucha frecuencia”, describe el mismo empleado.
Similar causal tienen los cortes de agua que ocurren sistemáticamente cada verano. Y quienes más lo sufren son los alojados en los módulos de máxima seguridad, el MX1 y el MX2, que se encuentran al final del recorrido de la cañería de agua que abastece toda la ciudadela. Ello deriva en frecuentes cortes del suministro para 1500 internos, algo que sólo puede ser “emparchado” con camiones cisterna.
PELIGROSA COMBINACIÓN
El panorama por venir no pareciera ser alentador. No hay ni miras de que se vaya a construir una nueva cárcel en Córdoba. Pero tampoco está claro que ésa sería la solución ni nada que se le parezca.
Se suma a esto el desentendimiento por parte de la mayoría de los jueces, que sólo en ocasiones excepcionales visitan las cárceles que es el mismo lugar adonde ellos mandan a las personas para su “recuperación”. Y cuando van de visita, todo se hace con el conveniente aviso previo como para que el propio SPC se encargue de alfombrar el ingreso y montar una escenografía casi idílica de recuperación social de los internos. Unos que no dejan ver y otros que no quiere ver; todos conformes.
Para potenciar el cóctel, el continuo atizamiento de la opinión pública por parte de los medios masivos, hace que mucha gente aterrorizada vea en el encarcelamiento y la mano dura la única solución a los problemas de inseguridad, sin siquiera considerar que la exclusión que toda cárcel genera, hacia adentro y hacia afuera, no hace más que retroalimentar la violencia que dice combatir.
Y la frutilla sobre la copa parece ser el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado y que fue devuelto a Diputados para su reconsideración, que no tiene mejor idea que endurecer los requisitos para las salidas transitorias y las libertades condicionales. Una vez implementada, esta medida no derivará en otra cosa que una mayor población detrás de las rejas.
Lo que se vislumbra es un sostenido crecimiento de la población penitenciaria, con un sistema carcelario al borde del colapso, forzado a sobrepasar varias veces sus límites, y con el consecuente agravamiento de las condiciones de detención de aquellas mismas personas que fueron separadas de la sociedad por haber cometido algún delito, con el fin de trabajar en su resocialización, bajo el utópico ideal de que algún día esa persona habrá de resocializarse…si es que sobrevive al freezer.
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