En una audiencia virtual que expuso con crudeza la tensión entre organizaciones de derechos humanos y el Gobierno nacional, representantes de Amnistía Internacional, el CELS, SiPreBA, ARGRA y FOPEA alertaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre un “grave deterioro” de la libertad de expresión en Argentina.
Del otro lado, la administración del presidente Javier Milei rechazó las acusaciones y negó la existencia de una política estatal de desprestigio o hostigamiento hacia periodistas y medios.
Los expositores coincidieron en que el panorama para el ejercicio periodístico es “alarmante”. Según describieron, periodistas y trabajadores de prensa enfrentan un contexto de “hostigamiento y deslegitimación” alentado desde las más altas esferas del Gobierno. Señalaron que el propio presidente Milei mantiene un discurso público que invita “a odiar a los periodistas”, mediante expresiones que los califican como “basura mentirosa”, “sicarios con credencial” y “la peor cloaca del universo”.
El monitoreo de FOPEA registró 179 ataques a la labor periodística en 2024, un aumento del 53% respecto al año anterior. “El Presidente encabeza la mayor parte de los agravios”, afirmó la titular de la entidad, Paula Moreno, quien precisó que Milei es responsable de 113 de los 250 casos relevados hasta noviembre de 2025.
Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y miembro de FOPEA, detalló durante la audiencia los intentos de hackeo a sus redes sociales, amenazas a su teléfono personal y a sus cuentas financieras, además de la suplantación de identidad en sitios pornográficos. Aseguró que estas agresiones comenzaron luego de publicar una investigación sobre un presunto plan de inteligencia del Gobierno que habilitaría prácticas de espionaje ilegal.
Amnistía Internacional, por su parte, informó que alrededor de 300 trabajadores de prensa resultaron heridos entre 2024 y lo que va de 2025, con lesiones oculares, heridas de bala de goma e impactos en el rostro. Esa violencia tuvo como escenario principal las manifestaciones sociales, un ámbito donde el rol de la prensa es clave: “Las imágenes y registros audiovisuales funcionan como un control externo del Estado. Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de la organización.
Representantes de SiPreBA y ARGRA también dieron cuenta de agresiones directas. Se mencionaron campañas de desinformación digital contra la periodista Julia Mengolini —montadas mediante inteligencia artificial—; golpes recibidos por el director de El Destape, Roberto Navarro; y el caso del fotógrafo independiente Pablo Grillo, quien continúa en tratamiento tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza.
El reportero gráfico Tomás Cuesta advirtió que, para cubrir protestas, los fotógrafos “se equipan como si fueran a una zona de guerra”, con cascos, máscaras y gafas protectoras. “No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la Policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”, dijo.
Por otro lado, el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, representó al Gobierno y negó la existencia de una campaña de desprestigio. Aseguró que no hay una política sistemática que busque silenciar voces críticas, a pesar de los mensajes provenientes de las redes sociales del propio Presidente.
El CELS recordó además que el Protocolo Antipiquetes impulsado por la ministra Patricia Bullrich fue cuestionado no solo por la CIDH, sino también por nueve relatores de la ONU. La organización entregó a la Comisión una carta escrita por la madre del fotógrafo Pablo Grillo, en la que relata las secuelas del ataque sufrido por su hijo.
La CIDH también expresó su solidaridad con Mengolini, quien volvió a denunciar la “campaña de difamación y violencia digital sin precedentes” en su contra. “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí”, afirmó.
La respuesta de la CIDH
La secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panzi, sostuvo que en Argentina existe “un contexto de amenazas y criminalización” hacia periodistas y activistas de derechos humanos, y anticipó una próxima visita al país. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, advirtió que un gobernante, por su posición de poder, puede generar impactos significativos cuando se dirige a la prensa: “La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. No debe contribuir a generar riesgos para otras personas”.
La audiencia culminó dejando expuesta una grieta profunda: mientras las organizaciones insisten en que la libertad de expresión atraviesa su momento más crítico en décadas, el Gobierno minimiza los cuestionamientos y niega la existencia de un patrón de agresiones. La CIDH, por su parte, tomó nota y prometió actuar.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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