No es un gobierno de improvisados. La gestión del ultraderechista presidente Javier Milei avanza en su plan de reducir el Estado a una mínima expresión en términos de estructura; y de desguazar y desarticular las herramientas y dispositivos capaces de producir sentido y capital simbólico, en este caso para garantizar los derechos de libertad de expresión y de información, y la soberanía informativa. Dentro de ese marco conceptual se encuentran, primero, el cierre de la agencia de noticias Télam, la única que permitía mitigar el desierto informativo en el que se ha convertido la mayor parte del país; y ahora, el apagón digital e informativo de Radio Nacional, la TV Pública, las FMs que dependen de Radio Nacional, y los canales Paka Paka y Encuentro.
El capital financiero global para maximizar sus operaciones y sus ganancias, requiere de la eliminación de fronteras y regulaciones económicas. El Estado es el instrumento en el que se materializan las disputas y consensos de las clases sociales y las mediaciones culturales. De ahí, que una de sus funciones es la de regular según los marcos surgidos de esa disputa económica y cultural. Desarmar la capacidad económica, administrativa y jurídica del Estado es uno de los objetivos de este poderoso sector económico. No es nuevo, pero tiene otros fines diferentes a los que requerían en el pasado otras fracciones del capital o las potencias mundiales dominantes. Ahora son corporaciones y Estados Unidos los que impulsan estos cambios.
Milei es representante del capital financiero global y la economía de plataformas y lleva adelante el primer proceso de conducción política bajo esta hegemonía en un país de “clase media” en el contexto mundial. Argentina no es una potencia, ni nada por el estilo, pero es la tercera economía latinoamericana detrás de Brasil y México y es una de las primeras 50 economías del planeta. También tiene un relativo prestigio internacional a partir de su “poder blando”, como es el que surge de las ideas, la cultura, la ciencia, el deporte, etc. Por ese conjunto de factores, el líder libertario se ha convertido en una estrella mundial.
El presidente Javier Milei y el magnate Elon Musk. Los acompaña la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (Foto: Prensa / Archivo).
Aquí y ahora, ha sucedido que han defeccionado los sectores de la burguesía industrial y agraria, incapaces de darle forma a un modelo de país que pudiera responder a las demandas que surgieron del ascenso económico y social de la clase trabajadora y sus subsectores al poder del Estado con el Yrigoyenismo -en menor medida- y el peronismo durante el siglo XX. Esa defección es más trascendente en la industria, porque tiene la capacidad de generar valor agregado, incluyendo tecnología, y porque en su funcionamiento activa el ascenso social. Algo de eso afirma el principal accionista de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en declaraciones que reproduce Página/12: “La burguesía argentina era un referente a nivel mundial. La desnacionalización de la economía argentina en las últimas cuatro o cinco décadas ha sido monstruosa, lo cual para mi es un problema. Porque yo respeto muchísimo la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un ceo de una compañía multinacional con alguien que tiene una trayectoria de larga data en Argentina y que ha vivido todos sus procesos de cambio. Si sólo fomentamos ese proceso de desnacionalización… es una responsabilidad que al menos yo no quiero asumir”.
Esa defección y la derrota de las formaciones políticas tradicionales, el peronismo y las variantes de centro-derecha (UCR, Pro y otras), a manos de un extremista neoliberal y conservador de derechas, es lo que convierte a Argentina en un laboratorio económico y social que puede acarrear graves consecuencias.
En el campo de los medios de comunicación, que son estructuras cuya función es producir sentido, generar y difundir información y facilitar el debate de ideas, el Estado -no los partidos políticos- también cumple un rol con los medios públicos. En lo central, estos medios bajo administración estatal, son los que deben ejercer la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar de derechos humanos, en este caso de libertad de expresión y de información. Se trata de dos derechos fundamentales para la existencia y vitalidad de la democracia, que se sostiene y enriquece a partir del libre de debate de ideas y del flujo informativo. Los medios ayudan a que la ciudadanía pueda ejercer esos dos derechos y por lo tanto exista democracia. Como los medios bajo administración privada -sean clásicos o de nueva generación-, por diferentes motivos, no pueden cumplir acabadamente con ese rol, que es obligación del Estado, es que existen los medios públicos. Este concepto es independiente de su funcionamiento, que en Argentina, como se sabe y se discute de manera regular, es imperfecto.
La decisión del gobierno de cerrar la agencia de noticias Télam el pasado 4 de marzo de 2024, aporta al desierto informativo, sobre el cuál aporta un estudio realizado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Télam era la única agencia de noticias de alcance nacional y federal y la única que tenía corresponsales en algunas capitales de otros países. Con la eliminación de Télam, el país pierde una voz federal y de su cultura e intereses en el mundo. Ahora, se le suma el apagón digital, informativo y cultural de la Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folcklórica, Paka Paka y Canal Encuentro.
Este último hecho es, además, un acto de censura, ya que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos humanos. Pese a que los medios siguen emitiendo en sus formatos analógicos, la censura opera, en este caso, por dos vías: En el impedimento del acceso a los contenidos generados por los medios públicos en formato digital (Webs y redes sociales) y las emisiones en tiempo real; y en la eliminación o impedimento de acceso (no hay precisiones aún sobre el alcance de la medida) al reservorio acumulado en las plataformas digitales a través de las cuales se difunde la información y contenidos culturales de Radio Nacional, las radios FM, la TV Pública y los canales culturales, desde que fueron creadas.
El presidente Javier Milei. (Foto: Prensa / Archivo).
No se pueden obviar en este contexto, los ataques del presidente Javier Milei a los medios y periodistas desde que asumió el 10 de diciembre de 2023.
El conjunto de estas decisiones políticas en el territorio de los medios públicos nada tienen que ver con lo fiscal y mucho con una deriva autoritaria. Es decir, las democracias y los derechos que garantizan, son para las corporaciones económicas un régimen incómodo, que limita sus operaciones y ganancias. También, las resoluciones oficiales que suprimen o reducen dependencias forman parte del nuevo Estado que está construyendo el gobierno libertario, en sintonía con las necesidades de los nuevos sectores dominantes. El feroz ataque del gobierno sobre los medios públicos, los medios en general y los periodistas en particular, tiene este sentido.
MÁS INFORMACIÓN
VER Múltiples rechazos a la censura oficial sobre los medios públicos.
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