Amnistía va a acompañar y monitorear el juicio por el crimen de Blas Correas

La organización Amnistía Internacional Argentina comprometió su “acompañamiento y monitoreo” del juicio que comenzará este miércoles en la ciudad de Córdoba a 13 policías por el homicidio de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado a balazos durante un control vehicular en la madrugada del 6 de agosto de 2020 en la capital provincial.

“Vamos a estar acompañando y monitoreando para que el juicio se de en un contexto de imparcialidad y para garantizar justicia. Condena para que no haya más impunidad”, destacó hoy en una conferencia de prensa la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

La conferencia se realizó en un hotel de la zona céntrica de Córdoba, donde García Rey afirmó que el asesinato de Blas Correas marcó un punto de inflexión, al sostener que “la sociedad no va a admitir que sea otro caso de violencia institucional que quede impune”.

“El ejercicio de institucionalizar la violencia policial en Córdoba es un tema que urgente nos propone hacer una reflexión y una reconstrucción de la confianza de la sociedad con las fuerzas de seguridad y con la Justicia”, añadió.

En ese contexto, la directora de Amnistía pidió a la Justicia cordobesa estar a la altura de las circunstancias: “Tiene que tener la capacidad de investigarse a si mismo y romper la trama de poder que subyace a estos casos de violencia institucional”.

Al respecto mencionó como ejemplo y como crítica que desde un sector del Gobierno provincial impidieron al organismo internacional colocar carteles con leyendas para “visibilizar, reflexionar y pedir justicia por Blas Correas”.

La funcionaria estuvo acompañada por Soledad Laciar, mamá de Blas, quien manifestó que lo que pasó con su hijo “dejó al descubierto la manera de obrar de la policía de Córdoba”, como así también la “falta de compromiso del Gobierno provincial”, al afirmar que “hay responsabilidades políticas que no están en este juicio”.

“El asesinato de Blas fue obsceno, el plantar un arma fue obsceno, el encubrimiento fue obsceno, el silencio y la actitud del Gobierno (provincial) fue obsceno. En 20 minutos plantaron una escena de terror. Si lo hicieron en 20 minutos, es una manera habitual de obrar de la policía. Que las personas que encubrieron no puedan tener nunca más un arma en la mano. Es momento que la Justicia diga basta”, aseveró la mamá de la víctima.

“En 20 minutos plantaron una escena de terror. Si lo hicieron en 20 minutos, es una manera habitual de obrar de la policía. Que las personas que encubrieron no puedan tener nunca más un arma en la mano. Es momento que la Justicia diga basta” (Soledad Laciar, mamá de Blas Correas).

Dijo también que “lamentablemente lo único que puedo decir hasta ahora es que no se hizo ningún avance. Ojalá cuando en noviembre salga la sentencia, sea tan firme que los policías que estén viendo sepan que no pueden hacer cualquier cosa. Yo tengo lo que me queda de vida para hacer que haya justicia de verdad.”

Laciar agregó que “no podemos naturalizar nunca que está bien que la policía dispare. La policía no está para matar”.

Juan, hermano del adolescente asesinado, también cuestionó el accionar policial y pidió por “un estado de democracia en donde estas situaciones de violencia institucional no deberían estar pasando”. Planteó además que “a pesar de que el gobernador sea este o sea otro, la lucha es contra su accionar. Hoy ocupan un cargo público y no hicieron lo que debían. De cara al juicio espero que se pueda hacer Justicia, pero una que de verdad empiece un cambio”.

Juan Correas, Soledad Laciar y Blas Correas (Padre). (Foto: Prensa Amnistía).

Por su parte, el abogado que representará a la familia en el juicio, Alejandro Pérez Moreno, afirmó que durante el proceso de enjuiciamiento se va a lograr “acreditar con certeza la participación de cada uno de los 13 acusados”.

También adelantó que en el debate oral y público “todas las acciones u omisiones tienen que ser juzgadas. La sentencia debe comunicar a la sociedad las responsabilidades políticas que asisten cuando la policía intenta encubrir de esa manera, nada más y nada menos que plantando un arma”.

LA ACUSACIÓN

El juicio por jurados, que comenzará mañana a las 9 en los tribunales de la ciudad de Córdoba, estará a cargo del tribunal técnico de la Cámara 8a.del Crimen y tendrá a 13 policías sentados en el banquillo de los acusados.

En la madrugada del 6 de agosto del 2020, Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos compañeros de colegio (Valentino Blas Correas, C.T., C.B.C. y M.N.), todos de 17 años entonces, quienes habían acordado encontrarse para ir a un bar.

Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad y al acercarse al puesto de seguridad, pero aparentemente aceleraron y continuaron la marcha.

Camerano Echevarría, en su testimonio, había manifestado que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma que lo apuntaba en la cabeza.

Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles sobre la evasión, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil que se movilizaban los jóvenes “con intención de matarlos”, según la elevación a juicio.

Por su parte el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, también efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la espalda de Blas, que le provocó la muerte.

Los suboficiales Gómez y Alarcón llegan al juicio como ‘coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.

En tanto con los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’.

Los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo tendrán la responsabilidad de sostener las acusaciones.