La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) criticaron un informe de la la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, elaborado luego de una solicitud del juez federal Alejo Ramos Padilla.
El comunicado de ADEPA afirma lo siguiente:
“Adepa expresa su enérgico rechazo al informe elaborado por la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en relación con la denominada caisa D’Alessio, y en el que se intenta vincular a periodistas con la realización de tareas de “inteligencia ilegal”.
“Como ha dicho Adepa, pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución Nacional y desconoce los tratados internacionales. En efecto, tanto la solicitud de dicho informe por el juez Alejo Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión, constituyen peligrosos precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo”.
“La gravedad de la situación se ve profundizada por el contenido del insólito informe, en el que se pretenden establecer interacciones y motivaciones de diversos periodistas para vincularlos con operaciones de inteligencia ilegal, desconociendo el oficio del periodismo y sus herramientas más elementales. Las cuestionables especulaciones del informe, lanzadas sin ninguna autoridad profesional ni debido proceso, configuran un hecho lamentable del que no se recuerdan antecedentes en democracia”.
“La solicitud judicial ya había merecido un rotundo rechazo por parte de Adepa, por ser inconducente, no vinculante con una causa judicial y totalmente alejada de los objetivos centrales que tiene por ley la CPM, que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que integran Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, y el secretario coordinador Roberto Cipriano García”.
“En el informe, de 200 páginas, se menciona a los periodistas Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros. Y se llega a hablar de una “posible interacción de inteligencia ilegal con periodistas y medios”. Sin embargo, el informe no incluye los descargos de los periodistas ni señala que en los chats del falso abogado Marcelo D’Alessio sólo se leen pedidos de información sobre causas judiciales en las que se investigan casos de corrupción en el Estado. Lo que no implica en absoluto “tareas de inteligencia””.
El periodista de Clarín, Daniel Santoro.
“En el caso del periodista Santoro, el informe considera que no sólo recibió, sino que también envió “información sensible” al falso abogado. Santoro explicó que lo que envió es un informe de antecedentes comerciales -de carácter público- de un ex directivo de PDVSA para verificar quién era, porque el nombre estaba mal escrito”.
“Conocido el informe de la CPM, Adepa reitera su rechazo a esta clase de “auditorías” y expresa su alarma pública por el grave riesgo que esto conlleva para la libertad de prensa y el ejercicio profesional del periodismo de investigación”.
“En consonancia con ello, y considerando que la jurisprudencia identificada con los principios rectores de la República ha señalado en reiteradas ocasiones que sin una prensa vigorosa e independiente sólo puede existir una democracia puramente nominal, Adepa puntualiza que, fácil es advertir que lo está poniéndose en riesgo es el sistema mismo de gobierno consagrado por nuestra Constitución Nacional”.
Por su parte, FOPEA señaló lo siguiente:
“El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advierte una vez más sobre la gravedad institucional de los pasos que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, está dando hacia la criminalización del periodismo profesional en la Argentina a partir del trámite impuesto a la denominada causa D’Alessio”.
“En una decisión cuestionable por múltiples razones, el magistrado había solicitado a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -un organismo público bonaerense creado para la promoción de políticas públicas de memoria y derechos humanos- que determinase si, mediante los centenares de notas que escribió en los últimos años, el periodista Daniel Santoro -procesado en la causa- intentó ejercer “acción psicológica” sobre la población”.
“Ahora, en un nuevo paso hacia la criminalización de una actividad que goza de la más amplia protección constitucional, la CPM envió a Ramos Padilla un escrito de 200 páginas en el que acusa a los periodistas Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros, de participar con el falso abogado D’Alessio de una “posible interacción de inteligencia ilegal””.
“En el escrito, la CPM describe el modus operandi de D’Alessio, define de manera muy vaga el concepto de “inteligencia” y “contrainteligencia” -con un criterio tan amplio que abarcaría la actividad de cualquier periodista de investigación- y recurre al verbo condicional para atribuir actividades supuestamente ilegales a los periodistas, en especial a Santoro”.
“En esta causa, en la que la investigación sobre el accionar del principal sospechoso, Marcelo D’Alessio, quedó en segundo plano para centrarse en la actividad del periodismo, Ramos Padilla pretende aplicar la ley de inteligencia al ejercicio profesional de los periodistas. Y en esa dirección encargó ese análisis a la CPM, entidad que no reviste las características de un organismo técnico capaz de auxiliar a la justicia en la materia”.
“Como ya sostuviera en su oportunidad Fopea, en el ejercicio periodístico el mero hecho de entrevistar en público a una fuente, o el intercambio de mensajes con una fuente informativa, no son “indicios de un nivel de coordinación” entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como viene insistiendo el juez Ramos Padilla para criminalizar el oficio periodístico en sucesivas resoluciones referidas a Santoro”.
“Las entrevistas y el contacto con fuentes de toda naturaleza forman parte de la rutina diaria y permanente en los medios de comunicación. Atacar estas prácticas es alimentar la campaña de hostigamiento y persecución contra el periodismo profesional que se viene dando desde hace más de una década en nuestro país, impulsada desde sectores políticos que no comprenden la importancia y la necesidad de la sociedad de contar con periodistas comprometidos con la investigación de los hechos, profesionales y veraces en el tratamiento de la información”.
“Fopea seguirá denunciando estos hechos y advierte a la sociedad sobre una peligrosa escalada de consecuencias institucionales impredecibles”.
