Marcha en defensa del bosque nativo ayer en Córdoba. Foto Facebook CoDeBoNa.
El problema ahora es que pasará en los meses que faltan hasta octubre, luego que el gobierno provincial decidiera clausurar la discusión legislativa sobre la ley de bosques. Si bien, la cantidad de desmontes ilegales se ha reducido, las organizaciones campesinas y ambientalistas han denunciado varios hechos en los primeros meses de este año. El núcleo del problema es que la provincia “ha dejado hacer”, permitiendo el avance de la frontera agropecuaria, a la par que no renovó, según lo que determina la Ley nacional N°26331 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, el mapa correspondiente. El punto de tensión es justamente ese: sin mapa de bosques nativos de la provincia no hay ley porque no existe el objeto de protección. Y el proceso de participación que estipula la Ley Nacional N° 26.331 obliga a que los actores sociales, políticos y técnicos de cada región hagan sus aportes sobre el mapa base. El punto que sobrevuela este tironeo es que los productores agropecuarios y los técnicos del gobierno estiman que el área de máxima protección (sin actividad productiva) rondaría poco más de un millón de hectáreas, mientras que para las organizaciones ambientalistas en ese estado hay al menos, alrededor de 3 millones de hectáreas.
Sin embargo, ha quedado más que en evidencia a esta altura, tanto en Argentina, como en otros países del mundo, que sin licencia social, no hay decisión política o intervención económica viable en temas que involucran cuestiones medioambientales. Aquí, lo inédito es que la demanda no se produce por la situación en un lugar determinado, una ciudad, un río, una mina, sino que el planteo abarca todo el territorio de la provincia. La población y sus organizaciones deben ser consultadas y debe gestionarse su aprobación en este tema. No es un asunto sólo formal. Sin esa licencia social ninguna iniciativa, por más que tenga sustento político o, incluso, aprobaciones técnicas o legales, tiene futuro.
Es este mensaje el que no han comprendido el gobierno de Juan Schiaretti y las organizaciones agropecuarias. La sociedad cordobesa está poniendo una barrera a la extensión del agro-negocio. Significa que ha llegado a su fin la expansión sin limitaciones del modelo de industrialización agropecuaria a costa del ambiente.
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