El Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) se ha convertido en un feudo sin control, que violenta derechos de su personal y los detenidos a quiénes debe cuidar. Un escenario cerrado, en el que está involucrado el Estado Mayor de la fuerza y la inacción “protectora” del propio gobierno provincial. Es evidente que a la persecución laboral y los privilegios de la cúpula debe sumarse que dentro de las unidades penales ocurren situaciones emparentadas con sistema delictivos ubicados afuera de ellas, con la “vista gorda” de las autoridades.
El detalle cronológico de los hechos es el siguiente:
-Dos oficiales mujeres denunciaron al jefe del SPC, Juan María Bouvier, al que fuera sub-jefe hasta diciembre de 2019, José Gustavo “El Caña” Heredia, y otros jefes, por violencia laboral, violencia de género y acoso sexual;
José Gustaco “El Caña” Heredia, sentado, semitapado por el micrófono.
-Este jueves, La Voz del Interior reveló un video filmado dentro de la UCA (Cárcel de Encausados), en el que uno de los “jefes” de la barra brava de Talleres, “La Fiel”, y ex guardaespaldas del ex secretario General del SURRBAC (Sindicato de Recolectores), Mauricio Saillen, Walter “Toro” Aguilera, con el rostro ensangrentado y siendo sostenido por dos personas que lo abofetean, lo ahorcan y lo amenazan, (…) es obligado a insultar a Saillen. Allí también le dice al gremialista que se habría “llevado” 5 millones de pesos. “Quemaste todo, rengo c…, le has llevado la plata de la gente. Cinco millones dice que te llevaste y le quemaste el bombo, mirá cómo me tienen a mí. Che, Mauricio hijo de p…Miren con los embrollos que me meten”.
Los hechos son graves porque ocurren en el ámbito de una fuerza que debe garantizar los derechos de los detenidos procesados y condenados y del personal que presta el servicio.
La jefatura del SPC parece ser parte del descontrol y también parece gozar de protección oficial. El bloque de la UCR pidió hace casi dos semanas la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, de quien depende el SPC y la gestión del sistema carcelario, pero no obtuvo respuesta alguna hasta el momento.
En sus fundamentos, la UCR señala que el pedido de informes “tiene como objetivo conocer qué medidas ha tomado o tomará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuenta la denuncia por “Hostigamiento y Violencia de Género” que una agente del Servicio Penitenciario de Córdoba ha realizado contra el Jefe del mismo, el Sr. Juan María Bouvier, la que tramita por ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Volencia Familiar de Tercera Nominación, a cargo de la Jueza Laila Córdoba”.
Detalla aquella presentación, que “cuando hablamos de medidas, no solamente nos referimos a la situación personal del jefe del Servicio Penitenciario, sino en términos generales, ya que de comprobarse la veracidad de dicha denuncia, estaríamos hablando de un hecho “gravísimo” desde el punto de vista institucional, que no sólo afectaría al Servicio Penitenciario, sino a todo el sistema político del Gobierno Provincial, que justo es reconocer, posee no sólo un Ministerio de la Mujer, sino que es uno de los pioneros en la materia en la Argentina”.
Agrega que “por esta razón, es que nos interesa saber si en la actualidad existen otras denuncias por razones de este tipo en contra del Jefe o de otros funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario y qué medidas se toman al respecto, una vez conocida la existencia de las mismas”.
Por su parte, el legislador Dante Rossi (UCR) pidió anoche la renuncia de la cúpula del SPC.
https://twitter.com/DanteVRossi/status/1324509793080528896
Las denuncias de violencia laboral y de género y el acoso sexual desde el Estado Mayor de la fuerza, exponen con toda claridad la existencia de un sistema de poder y violencia institucional que sostiene los privilegios de los jefes varones y presiona a las mujeres que prestan servicio dentro del SPC para que accedan a sus propuestas sexuales. De lo contrario, son perseguidas y sus carreras truncadas. En este sentido, es llamativo el silencio desde el Ministerio de la Mujer, que es conducido por Claudia Martínez, integrante del esquema de poder de la diputada nacional, Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
La ministra de la Mujer, Claudia Martínez.
Por otro lado, la filmación a Aguilera se hizo desde un celular, un dispositivo que los detenidos no tienen autorización a poseer dentro del penal. Además de ello, los golpes, los gritos, y los hechos ocurrieron dentro de la UCA, algo que nadie vio o “no quiso ver”. Por cierto, lo sucedido no es extraño. Este medio publicó en distintas oportunidades desde 2017 a la fecha la existencia de armas dentro del penal de Bouwer en manos de internos. Pero que no sea extraño, no significa que esté permitido. Y, sobre todo, que esto siga sucediendo y no sea remediado. En este contexto de pandemia hay un agravante que excluye otros supuestos: los detenidos no pueden recibir visitas desde marzo de este año, por lo tanto el celular que se utilizó para realizar la grabación fue provisto, ineludiblemente, por alguien del SPC. ¿Que quiere decir? Que hay cómplices de los delincuentes que agredieron a Aguilera entre las filas del SPC.
En general, la degradación del sistema de poder de una institución de seguridad y la falta de controles adecuados sobre ella, suelen culminar en encuentros íntimos con el ecosistema delictivo. Eso parece estar sucediendo aquí.
La pregunta que surge aquí y no tiene respuesta, es la siguiente: ¿Qué secreto tiene en su poder Juan María Bouvier, jefe del SPC desde 2008 hasta la fecha, que pese a las evidencias y denuncias existentes, sigue siendo protegido desde el más alto nivel del gobierno provincial?
VER Juan María Bouvier: El obediente que siempre cayó parado.
VER “El Caña” Heredia: El hombre que logró sembrar miedo dentro de la jefatura.
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