En este caso podría caber el viejo adagio que dice: “Más vale tarde que nunca”. La presentación del nuevo protocolo de actuación policial es un buen paso, mejora el anterior. Sin embargo, el punto es que la demora del sistema político provincial en hacerlo en el tema policial, se ha llevado siete vidas por casos de gatillo fácil sólo en lo que va de este año. Quizá, los más resonantes sean los dos últimos, los de Valentín Blas Correas (17) -ocurrido en el pasado mes de agosto, en Córdoba Capital- y Joaquín Paredes (15) -el domingo último, en Paso Viejo, en el Norte provincial-, pero los abusos policiales vienen desde 1983 a la fecha. No se trata de un problema nuevo ni exclusivo de este gobierno, pero en los últimos 21 años el poder político provincial tiene el mismo signo político: el peronismo de Córdoba. Hubo tiempo suficiente.
Alfonso Mosquera presentó un nuevo protocolo policial que dice respetar los derechos humanos y minimizar el uso de la fuerza letal, es decir, de armas de fuego sin ton ni son. El que regía hasta ahora, el actual protocolo, también impide que se use un arma de fuego sin que medie riesgo para el que la porta o esté en peligro la vida de terceros. Pese a ello, se han sucedido los casos de brutalidad policial.
Se trata, por lo tanto, de un problema más profundo que el de un marco normativo. Esto es, no alcanza el marco normativo por más que fije los límites dentro de los cuales debe moverse la fuerza policial y sus efectivos.
La política adora los golpes de marketing, pero la comunicación política o la publicidad no sustituyen ni ocultan la política. El protocolo se parece a eso, a un golpe de marketing, a tapar el sol con las manos. La realidad es que durante 2020 hubo siete muertes producidas por policías que actuaron indebidamente, aún para el actual marco legal. Hubo un octavo caso donde quien aprieta el gatillo es un comisario retirado. Es decir, el exceso de uso de la fuerza es evidente y reiterado.
En todos los casos no hubo enfrentamientos armados. En principio, no había peligro para la vida de los policías, tampoco para terceros. Por lo tanto, la actuación policial no tiene que ver con la norma que los guía sino con un modo de concebir el servicio que prestan y, probablemente, su propia existencia. Son reacciones impregnadas de autoritarismo, violencia e irracionalidad. Existe otros dos factores adicionales: su preparación y su control. Es evidente que es deficiente. De lo contrario, muchos de estos chicos estarían vivos y corriendo sus sueños.
No hay excusas. Un policía puede equipararse a un piloto de Fórmula 1. Si cualquiera de nosotros sube a auto de ese tipo, que viaja a 300 kilómetros por hora, y nos dicen que tenemos que frenar a 50 metros de la curva para poder entrar a ella, lo probable es que por instinto apretemos el freno a 300 metros de la curva. En cambio el piloto podrá hacerlo sin problemas, está preparado para ello. Lo mismo, el policía debería estar preparado adecuadamente para portar un arma y decidir cuándo usarla. Eso incluye educación y entrenamiento en herramientas de seguridad y en sus emociones. Los policías cumplen un rol en el que pueden toparse con el límite entre la vida y la muerte más de una vez. Es una fracción de décimas de segundos, es un margen pequeñísimo. Pero su tarea no es la de un docente, un comerciante o un recolector de residuos. Tienen un arma entre sus herramientas, la ley (la sociedad y el Estado) les confiere la posibilidad de usar la fuerza bajo determinadas condiciones y circunstancias. Y es una obligación usarla dentro de la ley y cuando corresponde.
El ministro Mosquera y el gobernador Juan Schiaretti apelan a un instrumento de mediano plazo para domesticar a la Policía. Qué va a pasar en dos o tres años, en los que este protocolo se transforme en “la Biblia” de la fuerza, suponiendo que se aplique correctamente, tanto en las operaciones vigentes, en la instrucción de los nuevos cadetes y en el reentrenamiento de los actuales efectivos. Un ejemplo en ese sentido fue la modificación del Código Contravencional, que antes facilitaba el hostigamiento y persecución policial a los adolescentes y jóvenes, y desde diciembre de 2015 debería desalentarla: ahora, en lugar de detenciones “arbitrarias” como había antes, directamente se producen ejecuciones. Los jóvenes siguen siendo perseguidos por la Policía. Por lo tanto, sobrevuela una inquietante pregunta: ¿Si quienes conducen la Policía no han sido eficaces hasta ahora, por qué los mismos serán eficaces a partir de hoy? Si es por los resultados de estos 21 años, la reforma anunciada esta mañana no va a solucionar demasiadas cosas.
Una aclaración: limitar el uso de la fuerza en determinadas circunstancias no quiere decir que no se la use. No es desproteger al policía ni a su acción. Simplemente, significa que para cada situación debe haber un tipo de intervención determinada, en el marco de la ley y respetando los derechos humanos. Que necesiten hacer lo que hacen (abusos y crímenes por la espalda) o la “tolerancia cero” que alguna vez trató de impulsar el ex gobernador José Manuel De Sota, son “mentiras” que la sociedad y el sistema político han aceptado en la negociación con una fuerza que goza de una autonomía relativa.
El ministro deslizó una frase inquietante durante la conferencia de prensa: “El protocolo (nuevo) será de cumplimiento obligatorio”. ¿Acaso, el actual, no era de cumplimiento obligatorio?
Y aquí es donde reside el problema que tanto el gobernador como su actual ministro de Seguridad esquivan una vez más, como se hizo reiteradamente desde 1983: la reforma democrática de una fuerza que participó del Terrorismo de Estado, que tuvo a jefes denunciados por narcotráfico (Narcoescándalo de 2013) y que no ha tenido mando y control civil e institucional.
Como en todo sistema de mando vertical, la existencia de una falla, un error o un exceso grave, es producto de una serie de fallas, errores y excesos leves que ocurrieron antes. Dicho de otro modo, antes de que un policía mate a Blas o a Joaquín por la espalda, seguramente hubo decenas de abusos menores de los que la opinión pública ni el sistema político se enteraron.
¿Qué quiere decir esto? Que falló el sistema y la conducción que adhiere a ese sistema. Por la cantidad de casos, es evidente que no se trata de un problema aislado. Es un enorme problema, demasiado extendido. Es grave.
Por lo tanto, la solución debe ser importante, ejemplificadora. Una fuerza de seguridad no se maneja con “curas de palabra” como los curanderos, se maneja con leyes, reglamentos, capacidad de mando y ejemplos. No hay otro modo.
Los crímenes de Blas y Joaquín revelan que la fuerza policial y sus mandos no son controlados por el gobernador ni su ministro de Seguridad. Significa que la Policía se gobierna sola. Aquí, el que se equivoca por acción u omisión, sigue. Sobre todo los jefes, a quienes protege eficazmente el Tribunal de Disciplina en situaciones que violan el marco disciplinario y de “hostigamiento” laboral o “acoso sexual” a efectivos de menor rango; y el sistema político frente a casos graves como éste.
Por lo tanto, el primer paso debería ser: “El que las hace, las paga”. El gobernador debería dar un ejemplo contundente y definitorio hacia adentro de la Policía y también de su propia y aletargada fuerza política. Si dos crímenes como los sucedidos, de adolescentes que tenían toda una vida por delante y por la espalda, no mueven a nadie de sus cómodos sillones, sólo nos esperan funestas repeticiones. En realidad, ya estamos dentro del ciclo de las funestas repeticiones: en 2020 son siete los casos de gatillo fácil.
>> LAS SIETE VÍCTIMAS DE GATILLO FÁCIL EN 2020
Joaquín Paredes es la séptima víctima de gatillo fácil policial desde el inicio de la cuarentena.
Los anteriores fueron las siguientes:
-En Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años).
-En Villa Adela, Fabián Perea (28 años).
-En Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho;
-José Antonio Ávila (35), un trabajador de la construcción, que fue asesinado en la madrugada del 4 de julio en barrio Villa El Libertador, por dos policías de la División Motocicletas. Los acusados son los cabos primeros Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez. Están imputados de homicidio doblemente agravado por la función y el uso de arma de fuego, además de la acusación de abandonar a la víctima y no reportar el hecho.
-Valentino Blas Correas (17), asesinado el 6 de agosto, Valentino Blas Correas, en cercanías de Ciudad Universitaria. El chico iba con cuatro amigos del colegio en auto por avenida Vélez Sarsfield al 4500, cuando al eludir un control policial, dos efectivos les dispararon. Hay 13 imputados y 7 detenidos por este episodio. Aquí también se investiga el intento de sembrar pistas falsas en contra de la víctima para justificar el crimen. Las pericias determinaron que el disparo salió del arma del suboficial, Lucas Gómez.
-En la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” que terminó con la muerte de Luis Merenigo. Se encuentra detenido e imputado el sargento primero Marcelo Barrionuevo.
>>> COBERTURA
VER Violencia institucional: Reclaman a Schiaretti que haya “control civil y político” de la Policía.
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