El secretario General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Cortelletti, le dijo ayer a ENREDACCIÓN que en “Tribunales I se incumplían los protocolos de bioseguridad y había mayor circulación de gente. Se constató la semana pasada que circulaban 350 personas cuando el protocolo decía 90”. El dirigente señaló que a partir del paro de 48 horas realizado el lunes y martes último, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzó a implementar medidas para garantizar la protección de los empleados y funcionarios.
Cortelletti confirmó además que son 8 los casos de COVID-19 en la Justicia de la provincia. Cinco en Conciliación Laboral (Tribunales I), uno de ellos el de la empleada de 34 años que falleció, y los otros cuatro, contactos estrechos en la misma oficina; otro de una cámara civil; una mujer del área de notificadores y su esposo que se desempeñaba en Violencia Familiar. Se han efectuado hisopados a todos los contactos estrechos y hasta el momento, según la información sindical, no hay nuevos infectados.
Ayer, a través de un comunicado de prensa, el Poder Judicial informó que “se concretó por intermedio de una empresa privada un operativo de desinfección en la totalidad de las dependencias del edificio judicial ubicado en la calle San Jerónimo 258, donde funcionan el Fuero de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género y el Fuero Penal Juvenil. Se desinfectaron los espacios comunes de circulación de personas: escaleras, pisos, picaportes, mostradores, ascensores y barandillas, tal como habitualmente se hace a base de hipoclorito e Isoclor con efecto residual”.
Precisa el texto que “tales acciones fueron llevadas a cabo antes del ingreso del personal y se prosiguió durante toda la jornada. Se trata de un procedimiento que se realiza ante cada aislamiento dispuesto por casos sospechosos o confirmados de Covid-19, conforme pautas indicadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Provincia”.
También da cuenta de una reunión entre la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), María Marta Cáceres de Bollati; el fiscal General Adjunto, Héctor David; y el Secretario General del TSJ, Luis M. Sosa Lanza Castelli; con el comisario Inspector Marcos Derfler y personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Dirección de Bomberos de la Provincia de Córdoba, que trabaja junto al COE. El DUAR se encarga de efectuar el acompañamiento de las medidas del COE y “extremar las medidas sanitarias frente a nuevos casos de COVID-19, y concretar las sucesivas desinfecciones planificadas conforme de los protocolos sanitarios aprobados”.
Luego de la reunión, se desarrolló un recorrido por el edificio de calle San Jerónimo donde funciona el Fuero la Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género y el Fuero Penal Juvenil, donde se reforzó la desinfección. Mientras que esta tarde, desde las 16:00, las tareas de desinfección continuarán en Tribunales II.
LAS MEDIDAS
El dirigente judicial apuntó que se ha dado curso a los distintos reclamos que el gremio realizó al TSJ y que motivaron el paro de 48 horas, además del duelo por el fallecimiento de la empleada de Tribunales I.
“La intervención del COE (Centro de Operaciones de Emergencia) nos parece bien, lo mismo que los testeos serológicos que se hicieron al inicio de la semana. Hoy y mañana habrá capacitaciones del COE con responsables de cada edificio judicial, de los que va a participar el gremio. También se convocó al DUAR, que realizará soporte y acción rotativa de desinfección periódica en los edificios judiciales”, explicó Cortelletti.
Por otro lado, se tomaron medidas para restringir la circulación de gente, sobre todo en el edificio de Tribunales I. “Sacaron la venta de tickets del interior del edificio, lo mismo que una receptoría del Correo. Ya se notó una menor circulación de gente en Tribunales I. Ahora esperamos que se instrumente un sistema de conteo para medir ingresos y egresos, como hace cualquier supermercado o shopping. Se han comprometido a hacerlo”, dijo el titular de AGEPJ.
Otra medida que solicitó el sindicato fue que se respetara el protocolo de bioseguridad en cuanto a la cantidad de gente que es convocada a desarrollar trabajo presencial: “Debe ser el 50% del personal de cada oficina el que debe trabajar de manera presencial en forma rotativa. Las rotaciones deben ser cada 7 o 15 días. Hay algunos jueces y cámaras que se hacen los distraídos con esta exigencia y hay oficinas en las que no se pueden aplicar las medidas de bioseguridad a causa de la cantidad de gente convocada. La titular del TSJ (Cáceres de Bollati) se comprometió a que se cumpla con esta disposición”.
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