A la compañía que fundó el ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, Vista Oil & Gas, ayer se le sumaron tres provincias: Río Negro, La Pampa y Neuquén. Los tres distritos presentaron un amparo contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, vulgarmente conocido como DNU, que congeló el precio de las naftas por tres meses. Consideran que es arbitrario e inconstitucional y señalan que afecta sus regalías (un porcentaje del precio del petróleo que pagan las empresas a las provincias por sacarlo de su territorio).
A ello se suma lo que denunció ayer el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba y el Centro del país, Gabriel Bornoroni: que hay alrededor de un 10 por ciento de las estaciones de servicio que no tienen combustible, porque las petroleras no están vendiendo todo lo que necesitan, sino un cupo. Un desabastecimiento o faltante limitado, un equivalente de una huelga de 2 horas por turno, antes del paro de 24. Dicho de otro modo: una advertencia.
¿Qué dice el DNU congelador? El decreto cuestionado, propone un esquema por el cual las refinadoras -un puñado de las empresas, por ejemplo, YPF- acceden a un barril de petróleo a valor de 59 dólares, pero a un tipo de cambio de $45,19, que con el descuento de retenciones queda en 42,8 pesos. La diferencia de 17,2 pesos por dólar pasa de golpe a ser absorbida por las petroleras que no están integradas, esto es la mayoría (Vista, Tecpetrol, Exxon, Chevron, Equinor, etc.). A su vez, las provincias, que cobraban regalías con el dólar a 59, lo hacen a 45,19 pesos. Ese es el punto del conflicto.
Las petroleras siempre tuvieron libre disponibilidad de dólares. No hay diferencia en eso entre el gobierno del peronismo-kirchnerista de 2003/2015 y el de Macri. La discrepancia es la dolarización del precio en los surtidores y las tarifas de provisión de gas natural, la flexibilización laboral en los nuevos pozos, y la política de subsidios para sacar el gas no convencional de Vaca Muerta que, ante la caída del consumo interno, deja libre parte de la producción para exportar. Por eso, el país volvió a exportar gas a Chile como en la década de los ’90.
Obviamente, la dolarización e internacionalización del precio del petróleo y el gas beneficia a las provincias productoras, tengan mucho o tengan poco. Neuquén es la más perjudicada porque en sus entrañas se encuentra Vaca Muerta y de ahí sale el 40% del gas que hoy produce el país. Las regalías son recursos dolarizados para los presupuestos provinciales.
Por eso, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; La Pampa, Carlos Verna; y Neuquén, Omar Gutiérrez, pidieron a la Corte Suprema que se pronunciara sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congeló el precio de los combustibles.
La presentación se hizo luego de que fracasara el encuentro que mantuvieron Rogelio Frigerio y Gustavo Lopetegui con los gobernadores y las petroleras en busca de convertir el DNU en un acuerdo sectorial.
En el encuentro las provincias petroleras exigieron que la Nación desistiera de la medida o bien ofreciera compensaciones para sus ingresos fiscales. Como el gobierno se mueve dentro de una cueva con un techo que no lo deja parar, que es el acuerdo con el FMI, cualquier remedio compensatorio es más bien utópico. Por eso, tapó la olla y metió adentro a todo el mundo. Intenta que no se le destape en los próximos 90 días, ni con inflación, ni con obligaciones de pago. Y si sucede lo último, será un problema del día 91, que incluso podría patearse un poco más adelante.
Weretilneck, Verna y Gutiérrez argumentaron ante la Justicia que la decisión de congelar los precios por 90 días le implican un perjuicio económico a los ingresos fiscales de sus provincias. Estimaciones de Moody’s hablan de una pérdida del 22% por la diferencia cambiaria; pero si se toman en cuenta las variaciones del precio del barril de crudo Brent, en el sector petrolífero estiman que puede llegar al 27%.
En las presentaciones de Río Negro y Neuquén, el planteo se centró en que el DNU modifica de “forma arbitraria e inconstitucional” el precio de las operaciones de venta del crudo, que sirve de base para el cálculo de la liquidación y el pago de las regalías.
Neuquén, el sindicato de Petroleros del Norte de la Patagonia, que conduce el senador Guillermo Pereyra, y las empresas aseguran que es una mala señal para los inversores modificar las reglas de juego, en este caso del valor del dólar que perciben. Se trata de un sector que cuida las concesiones y la libre disponibilidad de divisas mejor que a las madres de todos los miembros del directorio de sus compañías. La historia del planeta, desde que el petróleo lo mueve, está plagada de golpes de estado, aprietes y todo tipo de triquinñuelas motorizadas por este poderoso sector extractivo.
Tiene otra arista la presentación. El equipo de Alberto Fernández ha dicho que piensa desarrollar Vaca Muerta en base a Inversión Extranjera Directa (IED). Esto implica libre disponibilidad de divisas. Nadie pone cientos de millones de dólares para retirar la ganancia en monedas de 50 centavos. Y, por otro lado, la IED implica producir a precios internacionales, sin retenciones. Dentro de ese mega-esquema, lo que están pidiendo los gobernadores y las petroleras, es que se mantenga el orden vigente, que no es otra cosa que precio internacional sin descuentos para nada ni para nadie.
Por eso, más allá de la justicia del planteo que hacen las provincias (pierden recursos que formaban parte de su presupuesto), queda claro que todo ocurre en un contexto de crisis, donde el gobierno nacional, que dolarizó e internacionalizó el precio del petróleo y gas argentinos, no puede pedirles un renunciamiento de apenas tres meses. Ni a las provincias, ni a las petroleras. El poder se diluye en todos los rincones y eso es un asunto grave.
