La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 29 de mayo, día en que se cumplirán 40 años del Cordobazo. La medida de fuerza se realiza para rechazar las políticas del gobierno nacional y ante “la aceleración de la decadencia de la economía” de los trabajadores.
Durante una conferencia de prensa realizada en el edificio de la central obrera, uno de los secretarios generales, Héctor Daer sostuvo que la decisión del Consejo Directivo llegó “después de un análisis pormenorizado”.
La protesta impulsada por la cúpula de la CGT será el sexto paro general durante la gestión del presidente Mauricio Macri. La misma tendrá lugar en medio de un malestar de la CGT con el Gobierno, especialmente de los influyentes gremios del transporte agrupados en la CATT, ante la falta de respuesta a su reclamo por el Impuesto a las Ganancias, cuyos descuentos afectan los bolsillos de los trabajadores del sector.
“La decisión es por solidaridad con lo que está sucediendo en el país. Para nosotros está primero la Patria, en este momento no hay sector que no esté afectado. (La medida) no tiene nada que ver con la división en el movimiento obrero, ni con lo político, tiene que ver con lo que nos pasa a todos los argentinos”, afirmó el otro secretario general de la central obrera, Carlos Acuña.
La CGT lanzó la medida de fuerza dos semanas después del paro que llevaron adelante los gremios “combativos” de la central obrera alineados en el Frente Sindical de Hugo Moyano y las CTA, al que no adhirieron los gremios de la conducción de la central obrera, entre ellos los del transporte que hicieron su propio paro durante el feriado del 1 de mayo.
Se da por descontado que será una medida de fuerza contundente ya que el paro abarcará a los gremios del transporte (colectiveros y ferroviarios), estatales de UPCN, los de la construcción de UOCRA, empleados de Comercio y varios más, mientras que seguramente también adherirán los sindicatos “duros” encolumnados detrás de Moyano y los de las dos vertientes de la CTA.
En la previa al encuentro de la mesa directiva de la CGT, se conoció que el gobierno realizó una trasferencia de 2.100 millones de pesos para las obras sociales, como parte de la deuda que el Estado mantiene con las prestadoras. Pero la decisión oficial no fue suficiente para evitar la medida de fuerza.
