La diputada nacional, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), y otros dirigentes opositores al gobierno del ultraderechista, Javier Milei, rechazaron el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como “encubiertas”, lo que señalaron, representa la instauración de un “Estado policial”. La reforma también violenta la Ley de Inteligencia Nacional.
Natalia de la Sota dijo que “el DNU 941/2025 modifica sin debate legislativo la Ley de Inteligencia Nacional, atenta contra libertades individuales y es de dudosa legalidad. Las leyes no se modifican a escondidas y sin discusión pública. Defendamos Córdoba rechaza ese DNU y exige tratamiento en el Congreso”.
Por su parte el senador nacional Daniel Bensusán (PJ-La Pampa) se preguntó: “¿Una dictadura en medio de un “Gobierno Democrático”?” y argumento que “Javier Milei se aprovechó del receso en el Congreso de la Nación para modificar por decreto el sistema de inteligencia argentino. Esto, ¿Qué significa?
-“Se evade el control democrático que tenemos las provincias, ampliando las facultades del Ejecutivo Nacional sobre inteligencia y seguridad”.
-“No se trata de un simple ajuste técnico: son más de 40 artículos modificados de la Ley de Inteligencia donde se redefine el rol y las atribuciones de los organismos de inteligencia nacional”.
-“El decreto habilita a agentes de inteligencia, a “aprehender personas” en determinadas circunstancias —como flagrancia o por orden judicial— funciones que tradicionalmente pertenecen a las fuerzas policiales, no a los servicios de inteligencia”.
-“Pone a la SIDE como órgano superior, creando nuevas agencias y ámbitos de coordinación que concentran poder en el Ejecutivo”.
-“Ciberinteligencia bajo la SIDE: coloca en manos del Gobierno grandes capacidades de vigilancia y recopilación de información. Los ciudadanos seremos monitoreados”.
-“Esta medida pone en riesgo la autonomía e independencia del sistema de inteligencia nacional. Es una señal preocupante sobre la dirección institucional de la Argentina en materia de libertades civiles, transparencia y control democrático”.
Por último, expresa que “los DNU son Decretos de Necesidad y Urgencia, (se utilizan) para situaciones realmente excepcionales que necesitan ser legisladas de manera urgente. Esta decisión de Javier Milei vuelve a marcar un precedente preocupante para el equilibrio entre los poderes del Estado”.
En tanto, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) denunció que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea de facto una “policía secreta”.
En sintonía, el exministro de Defensa, Jorge Taiana (Unión por la Patria), alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” subordinada a tareas de seguridad interior. Para el legislador, se trata de “una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer” y “la consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.
Asimismo, Taiana considera que, en el caso de las Fuerzas Armadas, “autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación). A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”.
“Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan hace años desde el Comando Sur”, concluyó en su posteo el diputado peronista.
Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.
Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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