El gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, participaron de un encuentro en el que representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad plantearon ante los legisladores nacionales de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) “la urgente necesidad de que se declare la emergencia”. En la oportunidad recibieron el compromiso expreso del Gobierno provincial y del bloque legislativo de HUxC para sostener la ley y rechazar el veto del presidente ultraderechista, Javier Milei, a esta medida.
Bajo la premisa de “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, la reunión fue articulada por el Ministerio que conduce Montero ante el pedido impulsado por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión), tras “la decisión del Gobierno Nacional de vetar la ley que buscaba garantizar la actualización de aranceles y fortalecer las políticas públicas para el sector, de modo de poder brindar la asistencia sanitaria básica y la calidad de vida de la personas con discapacidad”.
“Esta convocatoria a los diputados nacionales tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de la provincia de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia. Todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”, señaló Montero, antes de adelantar su compromiso de propiciar encuentros similares con los otros espacios a los fines de evitar el veto y sostener la ley, que consideró esencial.
Del encuentro, que se realizó en el Centro Cívico, participaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes escucharon los planteos del sector, ratificaron el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo conjunto para sostener la ley y revertir el veto presidencial. A su vez, les transmitieron el apoyo expreso en el mismo sentido de parte de sus pares de bancada Juan Fernando Brügge y Natalia De la Sota.
El gobernador Llaryora se sumó en un tramo de la reunión para ratificar la postura oficial y afirmó: “Como gobernador quería brindarles mi apoyo explícito”, y remarcó que este respaldo debe trascender banderas partidarias: “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea en común sobre qué opinamos sobre esta ley para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”.
El mandatario provincial destacó además las políticas activas que impulsa el gobierno provincial: “Aún en esta circunstancia tan difícil, nosotros apoyamos con fondos específicos para potenciar proyectos enfocados en la independencia de personas con discapacidad en materia laboral”.
También puso en valor los avances alcanzados por el colectivo en las últimas décadas y sostuvo que hoy se puede hablar que “hubo éxitos en la integración educativa y en el trabajo”.
En relación al veto de la ley de emergencia de discapacidad, indicó: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.
Al cierre del encuentro, la ministra Montero dijo que “la Provincia de Córdoba aporta al año 127 mil millones de pesos (al colectivo de) discapacidad, distribuidos en los distintos estamentos. Casi 61 mil millones de pesos son de Apross, casi 54 mil millones de pesos en educación especial, 3.000 millones del fondo especial de nuestro Ministerio, 5.300 millones en acción social desde Salud, y unos 500 millones de pesos en deporte adaptado”, enumeró. Por último, demandó que “el Gobierno nacional no se desentienda de sus obligaciones para poder sostener el sistema”.
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