La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo por la nacionalización de la petrolera en 2012. La decisión, difundida este lunes por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta en X, generó un inmediato desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires. Sin embargo, la decisión será apelada por el Estado argentino.
Horas después, el presidente Javier Milei apuntó contra el exministro Axel Kicillof en un tuit, avivando la controversia política. El fallo no involucra directamente a YPF como parte del litigio, sino que la petrolera es el principal “botín” en la disputa entre el Estado nacional y los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management.
Estos fondos reclaman una indemnización de u$s16.099 millones por presuntas irregularidades en la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Kicillof era ministro de Economía. La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago María Castro Videla, representa al Estado argentino en el caso.
Cabe recordar que Burford Capital, especializado en adquirir derechos de litigio contra Estados soberanos, sostiene que la expropiación de YPF violó el artículo 7° del estatuto de la empresa, que obligaba a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas si alguien adquiría más del 15% de la compañía. Además, denuncia perjuicios por la suspensión de dividendos acordada entre Repsol y el Grupo Petersen, que llevó al default de las empresas del Grupo Eskenazi.
En marzo de 2023, Preska condenó a Argentina en primera instancia por la expropiación, fijando meses después una indemnización de u$s16.099 millones. La reciente orden de la jueza exige la entrega del 51% de las acciones Clase D, adquiridas por el Estado a Repsol en 2012, en un plazo de 14 días. Este paquete accionario permanece bajo control estatal, y su transferencia requeriría la aprobación del Congreso argentino mediante una ley específica, dado que la nacionalización de YPF se concretó por esa vía en 2012, con amplio respaldo parlamentario.
El fondo Burford ya había intentado, sin éxito, embargar activos como acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central. Ahora, la justicia estadounidense apunta a YPF como moneda de cambio. Los abogados argentinos apelarían el fallo ante la Corte Suprema de EE.UU.
En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno apelará “en todas las instancias” el fallo de la jueza Preska.
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