Gerardo Morales (Jujuy), Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Rosana Bertone (Tierra del Fuego y Rogelio Frigerio. Foto: Presidencia de la Nación.
LA REFORMA FISCAL | La negociación fue intensa y terminó de cerrar alrededor del mediodía. Peso por peso, el acuerdo no terminaba de acoplar los intereses de todos los gobernadores con la Nación, pero una vez el ministro Rogelio Frigerio ofreció compensar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales que no pasaron a la Nación y las deudas llevadas a juicio por los distritos provinciales, se hizo la luz; a la par que habilitó la re-distribución de un 14% del impuesto a las Ganancias a un fondo común para obras públicas y programas sociales que administrarán las provincias.
Los puntos principales del acuerdo fiscal fueron los siguientes:
-Impuestos distorsivos: las provincias bajarán Ingresos Brutos y Sellos, en forma gradual en un período de 5 años; lo que significará un recorte equivalente a 1,5% del PBI.
-Ley de Responsabilidad Fiscal: aprobarán y adherirán a la propuesta de mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años (se toma como parámetro el gasto 2018 y se lo ajusta a partir de allí por inflación).
-Acuerdo por el Fondo del Conurbano: establece una compensación de $21.000 millones para la provincia de Buenos Aires en 2018; y otros $44.000 millones adicionales en 2019, a la par que ingresa en el reparto por coparticipación del impuesto a las Ganancias, lo que le reditúa otros 20 mil millones de pesos.
-Se eliminarán los subsidios diferenciales para el AMBA (Áreas Metropolitana Buenos Aires): Los que financian gas y electricidad en 2019 y transporte dos años después.
Los gobernador con el presidente Macri, en Casa Rosada. Foto: Presidencia de la Nación.
-Impuesto a las Ganancias: se deroga el artículo 104 de la ley que redistribuye el 20% a la Anses, y asignaciones específicas a distintas provincias y suma fija a Buenos Aires de $650 millones. El 14% de lo percibido, se destinará a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias.
-Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de las demandas contra el gobierno nacional ($340.000 millones del conjunto de las provincias y $400.000 millones de Buenos Aires por desactualización del Fondo del Conurbano Bonaerense. Existen 50 procesos vinculados con el régimen de coparticipación, asignaciones específicas y transferencias de competencias, servicios y funciones. Además, se estableció acordar antes del próximo 31 de marzo el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores a este acuerdo, y con las jurisdicciones firmantes. Según el acuerdo general, la Nación compensará en pagos anuales a las provincias.
-Ley de revalúo impositivo: se coparticipará con las 24 jurisdicciones.
-Impuesto al cheque: se prorrogará con una asignación específica del 100% de la recaudación a la Anses, hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación de Impuestos o hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que ocurra antes. Por esta vía, la Anses pierde alrededor de 60 mil millones de pesos anuales.
-Régimen previsional:
–Tratar un proyecto de ley nacional para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación.
–Garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil, para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos. En principio, esto se traducirá en una quita importante para aquellos trabajadores que perciben sus haberes como un porcentaje de su sueldo de convenio, en general superiores al Mínimo.
–Eliminar las jubilaciones de privilegio.
–Financiar con líneas de crédito especiales programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales.
-Cajas previsionales no transferidas: el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit, a través de un régimen de anticipos automáticos, sobre la base de los desequilibrios del año anterior, actualizable trimestralmente por inflación.
El gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saa.
-Ley de responsabilidad fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar un nuevo esquema de reparto secundario de los impuestos nacionales; y establecer límites de gasto y endeudamiento similar al nacional; y promover la adecuación de las tasas municipales de manera que “se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo”.
Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan con el tiempo a las de mercado, en un rango de entre 0,5% y 2% anual del valor fiscal, previa coordinación de los métodos de cálculo.
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