La Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales (FATEP) manifestó su adhesión al paro general contra la política económica y social del gobierno nacional.
Se trata del segundo paro contra la política económica y social del gobierno del libertario Javier Milei. El primero fue de 12 horas con movilización y se realizó el pasado 24 de enero. Se le suma la movilización del 1° de mayo último.
La FATEP está integrada por el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) SEP, SEDAPPER (Entre Ríos), SIEP (San Luis), ATP (La Rioja), AEP (Corrientes), SIPES (Mendoza), SEP (San Juan), SOYEAP (Chubut), APAP (Santa Cruz), SEPER (Entre Ríos) y AFEP (Tierra del Fuego).
Los sindicatos que representan a los empleados públicos provinciales reclaman al “Gobierno Nacional, el absoluto respeto a los derechos de los trabajadores y a las autonomías y a los derechos y acreencias de los Estados Provinciales, en el pleno ejercicio del Federalismo que ordena la Constitución Nacional”. Mientras que, a los estados provinciales y municipales, demandan “el reconocimiento y respeto a las organizaciones que representan a sus trabajadores”.
Denuncian que “un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida “libertad de mercado”, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”
Señalan que “a su vez, los Estados provinciales sufren un recorte total de las transferencias del Gobierno Nacional, la paralización de la obra pública, el incumplimiento de los pagos para las que no tienen transferidas sus Cajas Previsionales y una total asfixia financiera. (…) En ese marco, la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales –con dignas y puntuales excepciones- está replicando aquellas políticas que sufren la inmensa mayoría de la población y en particular los trabajadores de esos Estados. Cesantías, corte de contratos, anulación de promociones escalafonarias; anulación de pases a planta permanente; inauditos congelamientos salariales durante meses como lo sucedido en San Luis, recortes en las jubilaciones provinciales, etc.”
Por último, agregan que “el crecimiento exponencial de las formas precarias de contratación va acompañado en algunas provincias, como Mendoza y Corrientes, con la extrema decisión política de tercerizar la contratación de personal, particularmente en la Salud Pública. En el caso de Mendoza, el Gobierno lo hace a través de una empresa privada que provee sus propios empleados al Servicio Público y les paga sus salarios con lo que el Estado renuncia a la selección y al pago de salarios de esos agentes, lo que se traduce inmediatamente en trabajo cada vez más precario y deterioro y en reducción y pérdida de calidad del servicio”.
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