El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina iniciaron un plan de lucha conjunto con una huelga en las plantas aceiteras y desmotadores del país por tiempo indeterminado. Lo hacen en rechazo a la Ley Bases, que incluye, entre otros capítulos, uno de flexibilización laboral y otro de privatizaciones, y a la reinstauración del Impuesto a las Ganancias a la Cuarta Categoría. También inició medidas de fuerza el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
El Gobierno envió efectivos de Gendarmería a las zonas de los puertos aceiteros rosarinos, mientras que el gremio hizo responsable “al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de huelga”.
La medida es importante porque afecta las exportaciones del complejo granario y oleaginoso argentino. El del Gran Rosario es el principal nodo portuario del mundo.
Los gremios señalan que van al paro por “por salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora y en rechazo a la Ley Ómnibus, llamada “Bases” por el gobierno nacional, que pretende imponer una regresiva Reforma Laboral con tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios, reinstalación del Impuesto a las Ganancias y privatizaciones de empresas del Estado y recursos que son patrimonio de todo el pueblo argentino”.
En un comunicado de prensa afirman que “la Reforma Laboral contenida en la Ley Ómnibus no tiene nada de modernización, es un gran retroceso. Deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas. Legaliza el fraude laboral con la figura del “trabajador independiente”, por fuera de toda protección legal. Favorece la tercerización y la precarización. Amplía el período de prueba de 3 a 6 meses, y en algunos casos puede ser de 8 y hasta 12 meses, para atemorizar y disciplinar a las y los trabajadores”.
Agregan que la Ley Bases “favorece la discriminación y despidos por causa de origen étnico, racial, religioso, gremial, de salud, condición física, ideología u orientación sexual. Ataca a las mujeres: durante el embarazo se podrá trabajar hasta 10 días antes del parto, lo que ahora sólo es posible si el parto se adelanta. Así, el empleador podrá “sugerir” a las trabajadoras que trabajen casi hasta parir”.
También apuntan que con los fondos de cese laboral “se pierde el efecto disuasivo de la indemnización por despido, cuya finalidad es la protección de las fuentes de empleo. También facilita los despidos en el Estado”.
Plantean por último que “como toda reforma laboral que quita derechos, no va a generar más empleo, ni registración, ni crecimiento económico. Nunca ocurrió en ningún lugar del mundo, no será esta la excepción”.
PATRONES Y OFICIALES PLUVIALES
El gremio que nuclea a los Patrones y Oficiales Fluviales y de Pesca se declaró en Alerta y Movilización por el tratamiento de la reforma laboral y el Impuesto a las Ganancias y puso en marcha un paro que inmoviliza a todos los buques arribados a los puertos de San Lorenzo.
“La fuente laboral de la actividad está en riesgo de extinción desde que asumió este gobierno y ahora el salario de los trabajadores”, dijo el titular de la entidad, Mariano Moreno, en relación a los hechos ocurridos en contra de la bandera nacional y la Marina Mercante.
Desde la organización lanzaron una medida que afecta el amarre, practicaje, provisiones y servicios a buques que llegan al cluster de puertos ubicados desde la ciudad de San Lorenzo a la localidad Timbúes.
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