El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Córdoba pondrá en marcha este miércoles un nuevo proceso de enjuiciamiento en contra de siete acusados por delitos de lesa humanidad, la mayoría expolicías de la provincia, que son acusados por crímenes cometidos entre 1978 y 1979, durante la última dictadura militar.
El juicio oral y público comenzará a las 9:30 en la Sala de Audiencias ‘Díaz Bialet’ del edificio de Tribunales Federales, que está ubicado sobre Concepción Arenal y Wenceslao Paunero del barrio Nores Martínez, y estará a cargo del tribunal integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y Fabián Asís.
En el marco de la causa denominada “Adela María González y otros”, los delitos que se juzgan son por “privación Ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, prevaricato de los auxiliares de justicia, sustracción de un menor de 10 años y homicidio calificado”.
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre septiembre de 1978 y agosto de 1979, y alcanzan a 14 víctimas, de los cuales siete sobrevivieron y siete resultaron asesinadas y desaparecidas.
Este es el 14° juicio por delitos de lesa humanidad que se juzga en Córdoba, entre 2008 y la fecha, y que fueron cometidos durante el período de vigencia de la dictadura cívico militar, que estuvo vigente entre 1976 y 1983.
Los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella tendrán a cargo las acusaciones que pesan sobre los imputados Mirta Antón, Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, María González, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Raúl Contreras. Mientras que quedaron fuera del juicio por fallecimiento el ex policía Calixto Luis “Chato” Flores (condenado en su momento por otras causas de violación de DD.HH.), el ex juez Alberto Bonadero (92) y la ex empleada de la ex Casa Cuna de Córdoba Capital, Laura Dorila Caligaris (92).
Gonella sostuvo que todos los hechos fueron cometidos como parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil” encabezado por el D2 como parte de la persecución masiva a opositores políticos. El plan para “luchar contra la subversión” era controlado por el Área 311, bajo las órdenes del teniente coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo, jefe de la División Inteligencia.
El personal del D2 operaba con una doble modalidad: utilizando la ley 20.840 (sobre “actividades subversivas”), con intervención de la Justicia federal y de manera clandestina.
El modus operandi de la “patota del D2″ siempre era similar: las víctimas eran sometidas a salvajes sesiones de interrogatorios bajo la aplicación de tormentos físicos y psíquicos, desde la aplicación de electricidad, inmersión en agua para provocar asfixia, simulacros de fusilamiento y golpes.
Como representante de la querella, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, participará el abogado Claudio Orosz.
A la primera audiencia del juicio, concurrirá la ministra de Desarrollo Humano del gobierno provincial, Liliana Montero, para manifestar el apoyo y compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia.
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