El legislador radical Dante Rossi, presidente del Bloque Construyendo Córdoba, que integra el interbloque de “Juntos por el Cambio”, expresó que el proyecto de ley de seguridad enviado a la Legislatura de la provincia por el Gobierno “recepta varias inquietudes que desde la oposición venimos planteando hace cuatro años. Sin embargo, se ha perdido un tiempo valioso por negar sistemáticamente la realidad; la verdad es que se han perdido cuatro años por no tratar a la seguridad como un problema de Estado”.
A través de un comunicado de prensa, Rossi recuerda que ha habido un ascenso significativo de casos de robos y hurtos. En ese sentido, señala que en 2021 hubo 45.588 robos denunciados en la Provincia de Córdoba y 31.696 hurtos. Mientras que en 2022 la situación se agravó, ya que se registraron 89.139 robos y hurtos denunciados, un aumento del 15 % de casos.
Rossi precisa que en 2021 hubo 124 robos y 86 hurtos por día en Córdoba y en 2022, 240 robos y hurtos por día. “Las cifras se agravan porque la mayoría no denuncia cuando sufre un delito. Hay datos que reflejan que más del 60% de las víctimas no realiza la denuncia cuando sufre un robo o hurto”.
La iniciativa del oficialismo propone entre otros puntos, prevé la formación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (Policías municipales) y la incorporación de las empresas privadas al sistema de seguridad. Los efectivos de las policías municipales y las compañías privadas podrán utilizar armas no letales en el ejercicio de sus tareas. También propicia la creación de seis nuevas fiscalías antinarcóticos y de 12 nuevas fiscalías criminales; y la puesta en marcha de un plan de desarme, que incluirá “el pago por cada arma que los vecinos entreguen”.
Entre las iniciativas que presentó en el período 2019-2023, Rossi destaca las siguientes:
– Proyecto 30878/L/20, que proponía la descentralización de la fuerza policial, la posibilidad de que los municipios intervengan en la prevención, el avance en programas de seguridad municipal como “Ojos en Alerta” de La Falda, la vinculación de las agencias privadas al sistema, y el establecimiento de una especie de policía comunal, al estilo del serenazgo en Perú.
– Proyecto 36936/L/23 creando el Consejo Consultivo de Seguridad Provincial.
– Proyecto 37943/L/23 estableciendo la emergencia en materia penitenciaria.
– Proyecto 37136/D/23 que establece un sistema QR para agilizar las denuncias, similar a CABA.
– Proyecto para establecer el juicio en flagrancia, para que una persona que comete un delito en esa situación pueda ser condenado en 8 días.
– Proyecto 37266/D/23 de seguridad en las escuelas.
– Proyecto 37680/D/23 para incorporar en la ciudad de Córdoba 150 lectoras inteligentes de patentes.
– Proyecto 38160/L/23 programa de comisarías cercanas.
Dice Rossi que “ninguna de estas iniciativas fue receptada ni escuchada durante estos años. Perdimos un tiempo valioso por no tratar a la seguridad como una política de estado. Muchas de las iniciativas que contiene el proyecto enviado se refieren a estos temas, y es auspicioso, aunque ya podríamos haber avanzado en dar respuestas a los cordobeses. En estos últimos años creyeron que estaban haciendo todo bien y que éramos una de las provincias más seguras de Latinoamérica”.
Finalmente, expresó que “ojalá al gobierno le interese mejorar el proyecto, escuchar las propuestas de la oposición e intentar sacar la mejor ley en beneficio de los cordobeses, que se sienten cada vez más inseguros”.
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