Carlos Otero Álvarez, uno de los jueces sometido a juicio. Foto: Sebastián Salguero.
Con bajo perfil y escasa trascendencia mediática, el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, que tiene como acusados a cuatro ex altos funcionarios de la Justicia Federal, llegó ayer al momento de los alegatos. Desde ahora, todo octubre estará dedicado a escuchar los alegatos del Ministerio Público fiscal y los abogados defensores, con un calendario de dos audiencias por semana. De esa manera el Tribunal Oral Federal N°2 prevé escuchar la última palabra de los acusados el lunes 6 de noviembre. Ese día también se conocerá el veredicto.
En la minúscula sala de audiencias donde se lleva adelante el juicio, con capacidad para sólo 15 personas, ayer comenzaron a justificar sus pedidos de condena los abogados querellantes, que representan a parte de las 75 víctimas de los hechos juzgados.
Patricia Chalup, Jorge Chalup y Adriana Gentile plantearon su alegato en representación de los familiares de las víctimas de Hugo Vaca Narvaja, Miguel Ángel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto. Los querellantes solicitaron cinco años de cárcel para Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del Juzgado Federal n°1 y juez hasta el 2009; y tres años de prisión para el ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo.
En la causa hay un cuarto acusado. Se trata del ex defensor oficial Ricardo Haro, cuya situación no fue analizada por los abogados querellantes.
Puga, Cornejo, Haro y Otero Álvarez están en el banquillo de los acusados por 75 víctimas, 31 de las cuales fueron fusiladas en falsas fugas en 1976 en la cárcel UP1 del barrio San Martín. Esos homicidios fueron juzgados en 2010 en la causa UP1, recibieron condenas a prisión perpetua en cárcel común el ex dictador Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
Los acusados eran los responsables de velar por la seguridad de los detenidos políticos. Debían, entre otras funciones, investigar las denuncias que los detenidos hacían por las vejaciones recibidas en el establecimiento penitenciario.
“El pedido de cinco años para Otero Álvarez es por los delitos de abuso de autoridad y por no haber denunciado las detenciones ilegales”, explicó la abogada Adriana Gentile. La pena de tres años para los otros dos acusados es por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Otero Álvarez era, al momento de los hechos, secretario penal del controvertido juez Adolfo Zamboni Ledesma, todo un icono de la complicidad judicial con la dictadura. Otero escaló en la estructura judicial hasta llegar a ser magistrado del Tribunal Oral N°1, que en 2008 condenó a Menéndez y otros siete acusados en 2008.
Desde que comenzó el juicio, a fines de julio, a pasaron nueve audiencias en las que se escucharon testimonios de peso. Aunque la principal prueba en contra de los acusados obran en los 75 casos que son investigados: son las resoluciones firmadas por ellos mismos.
A través de las resoluciones, los magistrados evitaban intervenir ante los abusos de la dictadura. Así lo expresó el testigo y querellante Miguel “Vitin” Baronetto, esposo de Marta Juárez, una de las fusiladas de la UP1. Definió a Otero Álvarez como alguien con mucho más poder que “un simple secretario”. “Hubo un manejo irregular del expediente. Fijaban audiencias, no citaban al abogado. O lo citaban y las suspendían”, dijo ante el tribunal. “A mi mujer la mataron el 11 de octubre de 1976. Fíjense ustedes que suspendieron una audiencia del 15 de octubre por incomparecencia del abogado, pero ése fue el día que la enterraron. La justicia era instrumental al terrorismo de Estado”, agregó.
Carlos Otero Álvarez, Antonio Cornejo, Miguel Ángel Puga y Ricardo Haro. Foto: Sebastián Salguero.
En el juicio se ventilan casos paradigmáticos, como el de Carmen Rosetti de Arquiola, detenida en la UP1. Carmen había realizado denuncias por tormentos. Una vez que fue fusilada en un falso enfrentamiento, en lugar de investigar su denuncia, la justicia se dedicó a dictar su sobreseimiento provisorio y definitivo, en la causa que la tenía como sospechosa de “subversión”.
En el caso de los fusilados de la UP1, en sus legajos judiciales figuró durante 34 años que la causa de su muerte fue “un enfrentamiento armado”. Los comunicados eran tomados sin ningún cuestionamiento y plasmados en resoluciones judiciales, y nunca se realizó ninguna medida de investigación”, señaló la querellante.
El 2 de octubre, comenzará a alegar los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, por la totalidad de las víctimas.
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