Los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina, que participaron de las XXX Jornadas Nacionales en Mendoza, reclamaron al Estado Nacional que se “de cumplimiento al apoyo financiero previsto” para aquellas provincias que, como el caso de Córdoba, se adhirieron al régimen de desfederalización en la lucha contra el narcotráfico, tomando bajo su jurisdicción el combate contra el narcomenudeo.
En la declaración de las entidades se resalta que “resulta insoslayable que se llame la atención, una vez más, a la sociedad en su conjunto y a todos los Poderes que integran los estados nacional y provinciales, acerca de la necesidad de adoptar políticas de Estado que pongan límite al narcotráfico en nuestro país; en este sentido reclamamos que se adopte una definición acerca de la continuación y generalización o derogación del régimen de desfederalización de estupefacientes definido en la ley 26.052”.
Asimismo se incluyeron otros reclamos como el de la continuidad del programa de laboratorios regionales de investigación forense. De acuerdo a la advertencia, dicho programa se encuentra en riesgo y también demandan que se incrementen los fondos con que el Estado Nacional apoya esta iniciativa.
En relación a la violencia de género, señalan las organizaciones que es conveniente que “se inicie en todo el país un debate sobre la posible implementación de ese régimen unificado de intervención judicial en todos los distritos”. Y se advirtió que “el sistema carcelario y post carcelario, requiere de recursos materiales y humanos para cumplir fielmente con su finalidad, y lo hacemos en el convencimiento de que en todas las jurisdicciones, esos recursos son manifiestamente insuficientes y dejan en letra muerta los objetivos previstos en la ley 24.660, poniendo en crisis, además, la posibilidad de que se apliquen medidas cautelares privativas de libertad por falta de capacidad de alojamiento en los respectivos ámbitos institucionales”.
También se mencionó la necesidad de revisión de los procesos de designación de fiscales, defensores y asesores, que debieran orientarse a nuevos métodos de mayor calidad en cuanto a la detección de los perfiles de los integrantes de los Ministerios Públicos: “vinculado con este aspecto, creemos oportuno iniciar en nuestro país nuevas experiencias relativas a la formación de los integrantes de los Ministerios Públicos, que conduzcan a niveles de capacitación y adquisición de habilidades capaces de garantizar un desempeño de calidad de los operadores del sistema. En este sentido, entendemos que deben encararse urgentes gestiones para el diseño y aprobación de las respectivas carreras de post grado con la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación”.
