La respuesta del ministro de Seguridad de la provincial, Alfonso Mosquera, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde reclaman al gobernador Juan Schiaretti por la “violencia institucional” en la provincia (violencia policial) tiene 733 palabras. Ninguna de ellas menciona la existencia de situaciones de este tipo o de aceptación del problema o de medidas para solucionar las prácticas al margen de la ley de la Policía provincial, como son los casos de “gatillo fácil”. Sin mencionar el problema, la misiva oficial enumera acciones realizadas por el gobierno, que a la luz de los hechos no mostraron eficacia respecto de este fenómeno. La carta tiene fecha del 5 de octubre y ENREDACCIÓN accedió a ella esta semana.
EL CELS y la FCS denunciaban, entre otros puntos, que sólo durante la vigencia del Aislamiento Social Obligatorio (ASPO), a partir de marzo 2020, se habían producido seis casos de “gatillo fácil” y un séptimo donde el victimario había sido un policía retirado. Ayer, en Paso Viejo, en el Norte provincial, tuvo lugar el séptimo crimen, en este caso de un adolescente de 14 años, a manos de la Policía, según las primeras evidencias del caso. A ello se agrega que en 2017 murieron 35 personas en la provincia “por acción u omisión de agentes de fuerzas de seguridad”; y en 2018, otras 10 personas más.
Cabe recordar que además le habían pedido al gobernador Schiaretti “profesionalizar” la Policía y el “control civil y político” sobre ella.
Firmada por Manuel Tufró, director del Área de Justicia y Seguridad del CELS, y María Inés Peralta, decana de la FCS, solicitaban “información sobre las acciones políticas e institucionales emprendidas a la fecha (luego del asesinato del joven Valentín Blas Correas)” y para “ponernos a disposición para proponer iniciativas y sugerencias con el fin de resguardar la integridad física y los derechos de los ciudadanos, así como para sumar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad”.
También reclamaban por “la re-conducción política sobre la política policial y la implementación de reformas policiales de fondo, considerando que además de sus prácticas violentas, la policía de Córdoba tiene antecedentes de haber estado involucrada en redes de narcotráfico y criminalidad, como surge de los informes periodísticos e imputaciones jurídicas a los altos mando de drogas peligrosas en el 2013”.
Agregaban “la necesidad de garantizar una mejor conducción política y herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial”.
Mosquera, el 5 de octubre último, respondía que “resulta preciso hacer énfasis en la vocación democrática y de irrestricto respeto de los derechos humanos que el gobierno de la provincia bajo la conducción y el mandato del Sr. Gobernador le ha impreso a todas las políticas públicas, que se han implementado en sus gestiones como postulados que fijan el marco ético de la actuación institucional”.
La carta del ministro dice textualmente lo siguiente:
En primer lugar, resulta preciso hacer énfasis en la vocación democrática y de irrestricto respeto de los derechos humanos que el gobierno de la provincia bajo la conducción y el mandato del Sr. Gobernador le ha impreso a todas las políticas públicas, que se han implementado en sus gestiones como postulados que fijan el marco ético de la actuación institucional.
La democratización de las políticas de seguridad en general y de las fuerzas de seguridad en particular es un proceso siempre complejo e inacabado, no exento de obstáculos para el gobierno civil de las fuerzas de seguridad y en las reformas de las fuerzas de seguridad.
Desde esa perspectiva, se promovió la reforma a la Ley 9235 que amplió los objetivos e integración del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana y creó el Plan Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, con una concepción democrática y holística en orden a las estrategias de seguridad, con eje en la prevención, la interagencialidad y la participación ciudadana. Ello surge del establecimiento del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia y su abordaje interinstitucional en manos del Equipo lnterministerial de Seguridad Ciudadana, el Observatorio de Estudios de Convivencia y seguridad ciudadana, sin perjuicio de otras herramientas y organismos que surgen de la citada norma y que han producido una verdadera innovación en las políticas en la materia y que han recibido reconocimiento de organismos internacionales.
En cuanto al control de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, el Tribunal de Conducta, puesto en marcha en el 2003, implicó un hito importante en la externación de los sistemas disciplinarios a través de un organismo autárquico y con perfil republicano. Sin lugar a dudas su modalidad de funcionamiento y sus mecanismos de investigación son perfectibles.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico por su parte, única en su tipo a nivel nacional, fue creada en el año 2014 y se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. La misma posee estándares de transparencia institucional para la actuación de sus efectivos y protocolos de última generación para la trazabilidad de los estupefacientes secuestrados.
En el 2015 se derogó el viejo y cuestionado Código de Faltas y se lo reemplazó por el Código de Convivencia Ciudadana con un nuevo paradigma basado en la gestión de la conflictividad.
En la misma línea se puso en marcha el Programa de Policía Barrial que instauró la proximidad como filosofía y estrategia de reforma progresiva de la institución policial. En este marco se llevó a cabo diferentes líneas de trabajo: la protocolización de actuaciones policiales, el desarrollo tecnológico para la gestión de información sobre conflictos y delitos, el diseño de estrategias de prevención basadas en evidencias. También se avanzó en la formación y capacitación policial en derechos humanos, género y diversidad sexual. Todo para propiciar el trabajo policial de cercanía en el seno de redes comunitarias donde la confianza ciudadana en la institución policial es el pilar fundamental de la prevención.
Se destacan dos cuestiones en cuanto a la profesionalización de la actuación policial: por un lado, en 2017 se creó la Comisión de Trabajo lnterinstitucional de Estandarización de Actuaciones Policiales integrada por la entonces Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía y el Ministerio Público Fiscal. Su objetivo fue crear protocolos de actuación de la policía. Por otro lado, se reformó sustancialmente la formación policial para adecuarla al modelo institucional propuesto y a los lineamientos de la política de seguridad. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba reformó los planes de las Tecnicaturas Superiores, en el 2018 el de la Escuela de Suboficiales y, a inicios del presente año, el de la Escuela de oficiales.
La pandemia ha complejizado los problemas securitarios y, sin perjuicio de todos los avances que hemos realizado en estos años en pos de una seguridad eficaz y democrática, es necesario seguir progresando en la construcción de nuevos instrumentos para dar respuesta a este escenario. Por demás, siempre existió desde el Ministerio de Seguridad una total colaboración con la Justicia para la mejor investigación y esclarecimiento de hechos delictivos que involucran al personal de las fuerzas de seguridad.
Para finalizar, queremos agradecer vuestra disposición a colaborar que, a tenor de la apertura institucional y ciudadana del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se constituirá en un valioso aporte hacia las transformaciones en las que permanentemente seguimos avanzando.
>> COBERTURA
VER Violencia institucional: Reclaman a Schiaretti que haya “control civil y político” de la Policía.
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