Si existe una problemática de la clase trabajadora para la política en nuestra provincia, es la violencia laboral.
La violencia laboral es una forma de abuso de poder que se ejerce de forma sistemática, sobre uno o más trabajadores (hombres y mujeres), que tiene por finalidad someterlos y en muchos casos buscar la renuncia del mismo o de los mismos.
La violencia laboral, se puede ejercer de forma vertical y horizontal.
La violencia laboral vertical puede ser ascendente (cuando se ejerce desde uno o más trabajadores, hacia un superior jerárquico), o descendente (cuando se ejerce desde un superior jerárquico hacia uno o más trabajadores).
La violencia laboral horizontal, es aquella que se ejerce entre trabajadores del mismo rango o jerarquía.
La violencia laboral tiene tres modalidades: el abuso sexual, el acoso moral o psicológico (hostigamiento), y la agresión física (todas ellas en el ámbito laboral).
Si bien existen algunas provincias argentinas que han aprobado leyes locales, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral como Buenos Aires, Entre Ríos, y Santa Fe; la gran mayoría de ellas (con la provincia de Córdoba a la cabeza), aún no han tomado la decisión política de ponerle fin a la violencia en el ámbito del trabajo.
En todo el territorio cordobés, logré la aprobación del primer marco legal contra la violencia laboral (de mi autoría), a través de la aprobación en Agosto de 2019 de la Ordenanza 2625 en la ciudad de Río Ceballos (Lo que constituye un hecho histórico al ser la primera legislación en nuestra provincia sobre violencia laboral).
A nivel personal, vengo realizando desde hace años un trabajo a pulmón, pero intensivo sobre la violencia laboral. Hice una tesis, escribí dos libros (que recibieron distinciones legislativas), y soy autor de más de veinte (20) iniciativas legislativas municipales, provinciales y nacionales, sobre violencia laboral.
Junto a un equipo interdisciplinario venimos realizando jornadas de capacitación (presencial antes de la pandemia, y de forma virtual desde el inicio de la pandemia), capacitando a consejos directivos, cuerpos de delegados, y trabajadoras y trabajadores de toda la República Argentina.
Lo que me genera mucha preocupación es escuchar de la boca de legisladores a nivel municipal y provincial, sobre todo, que no están dados los consensos y que no hay voluntad política para tratar los proyectos presentados o ingresar nuevos proyectos. ¿Para qué ocupan bancas legislativas entonces, si no es para legislar sobre violencia laboral también?
Hace un tiempo ya, nuestro país adhirió al Convenio 190 de la O.I.T. sobre violencia laboral, y si bien es un importante paso dado como Nación, la provincia de Córdoba y otras provincias argentinas, siguen resistiéndose a legislar contra la violencia laboral.
Recuerdo una frase de una publicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, en una campaña de prevención, que decía algo: “El silencio, sólo garantiza la impunidad de los violentos”.
Podríamos también decir, que la falta de legislación contra la violencia laboral garantiza de alguna forma, impunidad a los violentos.
De mi tesis, hablando con profesionales de la salud, pude entender las graves consecuencias que padecen las víctimas de violencia laboral. Desde patologías físicas, hasta patologías psíquicas que pueden transformarse en crónicas.
Desde situaciones que los enferman, hasta casos de muerte.
Hay muchos casos de suicidios por violencia laboral.
En estos últimos años, en Córdoba han tomado estado público graves casos de violencia laboral, padecidos por periodistas, personas del espectáculo, y trabajadoras y trabajadores de distintos ámbitos.
¿Qué cambió por ejemplo, desde el caso “Polarcito” hasta el día de hoy en materia violencia laboral en Córdoba?
Nada.
Hemos elevado varios proyectos de leyes provinciales y ordenanzas municipales que siguen durmiendo el sueño de los justos en algún cajón.
Muchos de ellos cuentan con apoyo de innumerables sindicatos, centrales obreras, organizaciones religiosas y hasta de Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sin embargo, ni se tratan en comisión lo que desde ya es inaceptable para la ciudadanía.
Continuaremos instando a que se traten todos los proyectos presentados, para que la clase política deje de seguir mirando para otro lado, mientras tanto más trabajadoras y trabajadores padecen las consecuencias de la violencia laboral.
En definitiva, la clase política ocupa cargos para representar al pueblo que la votó y para dar respuestas a sus necesidades.
El pueblo trabajador de Córdoba sigue viendo insatisfecha una problemática grave que necesita atención de la clase política cordobesa, que debe darle prioridad en materia legislativa: LA VIOLENCIA LABORAL.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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