El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) presentó una ampliación de denuncia en la justicia contra el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, y los siete concejales. Gispert considera que el aumento de tasas municipales y tarifas de servicios públicos es ilegal porque el municipio ignoró el procedimiento establecido por la Carta Orgánica Municipal.
Gispert sostiene en la denuncia que las acciones tomadas por los funcionarios municipales “no solo son ilegales, sino que también atentan contra los derechos de los habitantes de la ciudad”. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.
Recuerda el legislador juecista que “la primera denuncia surgió cuando el oficialismo, conocido como “avilesismo”, cedió atribuciones al Ejecutivo para realizar aumentos de tasas “dentro de los límites de la inflación”. Según la Carta Orgánica, cualquier aumento de tasas requiere un proceso de doble lectura, con mayoría en ambas instancias, además de una audiencia pública entre ambas lecturas y un intervalo de quince días entre ellas; procesos que estuvieron ausentes”.
Señala el documento de Gispert que “la Carta establece explícitamente que no se pueden ceder atribuciones al Departamento Ejecutivo, algo que fue ignorado al autorizar los aumentos por decreto, bajo la excusa de “adecuar las tasas según la inflación”.
Agrega que “a pesar de la primera denuncia, hace un mes se presentó un segundo aumento de tasas. Esta vez, el proceso fue aún más expeditivo: se aprobó una ordenanza con una sola lectura, otorgando un aumento del 20% a la ciudadanía. Este procedimiento no incluyó ni la doble lectura ni la audiencia pública, y fue votado por mayoría simple”.
Por último, indica que “la ampliación de la denuncia ya ha sido presentada, espero que esta situación se resuelva conforme a la legalidad. De permitirse estos procedimientos, el Concejo Deliberante podría subvertir hasta el sistema de gobierno municipal. Además de violar la Carta Orgánica, se estaría negando el derecho de los ciudadanos a expresarse y a ser escuchados en una audiencia pública”.
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