G.R. (las iniciales de su nombre y apellido) tiene 28 años y dice que tiene miedo. “No sé qué me va a pasar cuando vuelva a trabajar al Servicio Penitenciario (de Córdoba, SPC). Siento incertidumbre, pero lo hice por mis hijos. Estoy fuerte por ellos, tienen que crecer sanos y necesitan que su madre esté bien”. Como en otros dos casos denunciados por oficiales mujeres y que publicó este medio, sus padecimientos comenzaron una vez que se separó de su primera pareja (O.M), un suboficial del SPC que la golpeaba, en marzo de 2016. Siguieron hasta ahora, cuando en mayo de este año se separó de su segunda pareja (M.G), un oficial penitenciario que también ejercía violencia de género, psicológica, económica y ambiental sobre ella. “La Justicia me había puesto una consigna policial para protegerme y no podía moverme de mi casa, pero en Bienestar Social del Servicio, a cargo de la licenciada Bandini, me pedían que fuera a hacer el trámite de licencia al edificio donde están ellos. No querían tomarme la denuncia, tuvo que librar un oficio el juez para que lo hicieran, para que mandaran dos asistentes sociales”.
Nació en Villa María y antes de ingresar en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), estudió dos años de la carrera de diseño y producción audiovisual en la Universidad Nacional de su ciudad. Tiene dos hijos, uno con cada pareja, de 1 y 5 años. Se recibió de inspectora en bromatología y estudia la tecnicatura en la misma especialidad.
El SPC ni el tribunal de conducta, según le contó a ENREDACCIÓN, hicieron nada pese a sus denuncias y su situación: “Los protegieron a ellos, me denigraron, es una institución machista”.
Durante más de dos horas, G.R. fue recordando y liberando cada uno de los hechos que la han marcado en estos ocho años. Con letra prolija, subrayando nombres y hechos, en una agenda de tapa dura, escribió un recordatorio sobre las situaciones que vivió. “No quería olvidarme de nada”, confiesa.
Su denuncia por violencia de género fue radicada ante la unidad judicial a cargo de la Dra. San Martín, que la derivó por el delito de amenazas al fiscal González, secretaría de Laura Ferreyra de Galli. Mientras que por los hechos de violencia familiar interviene la Oficina Única de Violencia Familiar, a cargo de la jueza Graciela Vigilanti.
La mujer tuvo su primer destino en la cárcel de Bouwer, entre diciembre de 2014 y marzo de 2016. Luego fue trasladada a la UCA, donde prestó servicio hasta 2017; y en San Francisco desde enero de 2018 a enero de 2019. Desde entonces, se encuentra destinada en Bouwer. Convivió con su primera pareja entre 2013 y 2016 y con la segunda, entre abril de 2018 y mayo de 2021.
En su historia sobresalen varios episodios irregulares. Por ser víctima de violencia de género tomó días de su licencia ordinaria de 2016, sin embargo deberá presentarse a trabajar durante este mes de junio y aún le quedarán dos semanas de licencia correspondientes a 2016. Se le suma que no pudo gozar de las licencias de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, ni le dieron licencia por estudio (se recibió de inspectora en Bromatología en 2015 y sigue la tecnicatura en la misma especialidad). Tampoco le otorgaron el derecho de “horario de maternidad” para amamantar a sus dos hijos, el primero nacido en 2015, y el segundo en 2020; y no le abonan salario familiar ni las asignaciones que le corresponden por hijo.
¿Cuándo comenzaron con el hostigamiento laboral?, le preguntó ENREDACCIÓN.
Cuando me separé en 2016 de mi primera pareja a causa de la violencia de género que sufría. Lo denuncié en el Tribunal de Conducta Penitenciario, pero no hicieron nada. A partir de allí me persiguieron. Dentro del servicio fomentaban la persecución, por ser mujer golpeada, porque son machistas.
¿En los ocho años que tenés de antigüedad en el SPC, te ascendieron alguna vez?
No. Estoy con el grado de subadjutora auxiliar desde 2014. Al menos debí haber tenido dos ascensos (cabe acotar que si bien no es obligatorio, en el primer grado los oficiales permanecen hasta 4 años y si las calificaciones son buenas, los ascensos se producen cada tres años –como media de tiempo-).
¿El SPC te brindó asistencia psicológica o algún tipo de contención frente a los hechos de violencia de género que sufriste?
No, nunca. No hicieron nada.
¿Podés detallar los hechos que te perjudicaron?
Sufrí sanciones de todo tipo, abuso de autoridad, un oficial me acosó sexualmente, no me ascendieron, me humillaron, me persiguieron, me impidieron mejorar mi situación en el servicio, como por ejemplo ir a trabajar al área de bromatología, para lo que estudié y sigo estudiando…
¿Por qué ingresaste al Servicio Penitenciario?
Me hice penitenciaria por los valores, por el compañerismo. Me gusta ayudar, ser solidaria. De adolescente concurría como voluntaria al patronato de Niñas de Villa María. Para mí, el SPC es para contener, para servir. Pensaba que esos valores te hacían crecer. También me gustaba la exigencia física. Pero cuando entrás al servicio, eso se pierde, nada que ver.
…
El jefe del SPC, Juan María Bouvier. (Foto: Gentileza La Voz).
Cuenta que en 2016 la trasladaron a la UCA, en Córdoba. “Allí había una familiar de la actual pareja de mi ex pareja como jefa. Allí sufrí abuso de autoridad. Trabajaba 24 x 48 horas y cada vez que salía de guardia, la mayoría de los días tenía sanciones. A todos mis compañeros y compañeras les hablaban mal de mí, les decían que era una loca, una puta, una quilombera… Estando allí, me acoso sexualmente un oficial de servicio, Diego Oliva. Lo denuncié a la oficial Roxana Luján y ella me respondió que era jovencita, que era algo normal. Este hombre había tenido denuncias en Monte Cristo y Villa María. Lo denuncié en el tribunal de conducta y nada”.
Sigue relatando que “en una oportunidad, (las oficiales) Ayelén Maujo y Karina Méndez pasaron por el puesto 5 de la UCA para hacer un control. Como hacia 12 horas que estaba sin ir al baño, pedí permiso para ir. Hacía horas que no iba porque no me autorizaban. Las oficiales me autorizan y se quedan allí. Vuelvo y recibo el puesto sin novedad, todo normal y eso queda asentado. La directora me llama al terminar y me dice luego que había hecho abandono del puesto de guardia y abandono de armamento y que lo iba a llevar al tribunal de conducta. Esta gente había adulterado el control”. A causa de este suceso recibió una sanción. Incluso, señala, la sancionó el oficial Oliva, a quién había denunciado por acoso sexual.
Recuerda que hasta el último día de trabajo en la UCA “me hicieron hacer adicionales. Se dibujaba la tabla de puestos y los jefes enviaban a dormir a los amigos, eso ocurría en casi todas las guardias. Entonces tenía que hacer turnos seguidos. Las 24 horas cubriendo un puesto”.
Sobre su función actual en el sector de requisas de la cárcel de Bouwer apunta que “nos humillan delante de todo el mundo. Daniela Leyria nos dice que no servimos para nada y cosas por el estilo; cuando le explicamos a la gente lo que tiene que hacer, nos plantea que no estamos capacitadas para explicarles, que no somos maestras; y según ella hacemos todo mal; y la jefa de la requisa, alcaide Mayor Laura Ruiz avala todo”.
Por último, relata que “jamás nadie me felicitó o reconoció por los procedimientos que tuve a lo largo de mi carrera en cuanto a secuestro de elementos o sustancias prohibidas. Hasta ahora, el Servicio nunca me reconoció nada”.
(Aclaración: A G.R. se la menciona por sus iniciales por ser víctima de violencia de género y estar en curso medidas de protección. Lo mismo a sus ex-parejas, con el fin de proteger la identidad de los hijos en común).
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