La ex funcionaria Ornella Calvete, que se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, se negó a declarar en el marco de la causa Andis, que investiga un supuesto entramado de coimas en torno a ese organismo. Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para este viernes una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.
Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías. En el departamento de la mujer, durante un allanamiento judicial, se encontraron 700 mil dólares, suma de la que aún se desconoce su origen. En la investigación surgieron también sugerentes conversaciones con su padre, acusado de lobista entre las droguerías y la ANDIS, vinculadas a las contrataciones con prestadores.
La causa investiga el pago de sobornos y el direccionamiento en la compra de medicamentos de altísimo costo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El padre de Ornella, que está detenido, está imputado de presunto jefe de asociación ilícita.
Cabe recordar que la Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios atribuidos al ex titular de la Andis, Diego Spagnulo, que revelaron presunta corrupción en la repartición.
En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.
Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.
La Cámara consideró que la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Irurzun y Boico señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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