El legislador provincial, Dante Rossi, junto al bloque de la UCR presentó un proyecto de Ley que establece la derogación de la ley 10.333 y la vuelta al 82 % móvil para los haberes jubilatorios de los estatales cordobeses.
Se establece que se aplicará de manera gradual, con un 25 % de mejora del total del cálculo por año, normalizándose la situación al cabo de cuatro años.
La iniciativa deroga la Ley N°10.333, que modificó el cálculo del haber jubilatorio de los empleados del Estado, docentes, fuerzas de seguridad, judiciales, y trabajadores de empresas públicas.
Propone que “los haberes que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, serán adecuados de acuerdo a metodología de cálculo conforme las prescripciones del artículo 46 de la Ley Nº 8024 -anterior norma jubilatoria-” y agrega que “la implementación del párrafo anterior se realizará de manera gradual en un porcentaje del 25% por año, hasta completar el pago de las diferencias que representen en su totalidad el ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración del personal en actividad”.
En su argumentación, el alfonsinista Rossi y sus correligionarios, afirman que “la Ley Nº 10.333 fue sancionada el 23 de diciembre de 2015, hace casi cuatro años, en un rápido trámite que incluyó un corto debate en el recinto, sin que se diera la posibilidad de escuchar las voces de los sectores que serían y resultaron altamente perjudicados, de sorpresa y de espaldas a la sociedad, anteponiendo un método de ajuste por sobre los derechos de un grupo de personas altamente vulnerables en cuanto al ejercicio de los derechos de los cuales son titulares”.
Agrega que “la norma que se deroga, al modificar la forma de determinar el cálculo de los haberes jubilatorios, dejaba atrás la conquista del 82 % móvil, haciendo perder a los beneficiarios cordobeses casi 11 puntos en sus haberes, elemento que no puede pasar desapercibido en un contexto de crisis económica y financiera como la que atraviesa la Argentina en general desde los últimos años”.
Plantea que “lo antes dicho debe ser analizado, además, teniendo en cuenta lo dispuesto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién al ordenar la inmediata restitución de fondos propios retenidos ilegalmente, y obligando al gobierno nacional al envío de las remesas correspondientes a la masa coparticipable, y que en parte sirve para financiar el sistema jubilatorio, recibe dinero no previsto con posterioridad a la sanción de la Ley 10.333”.
Por último, afirma que “a pesar de ello, se mantiene la variable de ajuste en nuestros jubilados, quienes cargan sobre sus espaldas el peso de políticas económicas de exclusión”.
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