“Todo poder concentrado es dañino, tiende a producir resultados indeseados”, dijo León Arslanian, convocado en julio 2020 junto a otros once juristas para encarar una reforma profunda en la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura. “Hay dos alternativas: una sería echar a todos y empezar de nuevo. No se va a hacer eso. Entonces el tema es desconcentrar y que haya gente nueva a la que el sistema no se haya comido. La reforma apunta a eso. Llevo una vida dedicada al quehacer judicial, ya sea desde la magistratura, desde la cátedra, y hacía mucho que no se planteaba una oportunidad como ésta, un intento de trazar una política pública en materia de sistema judicial, con los temas más importantes”.
Si bien es necesaria la designación de nuevos miembros de la CSJN para dividir el órgano en salas, y no simplemente para que sean más, también hay que profundizar la democratización de la justicia en todos sus niveles. Al consejo de especialistas convocado por el Presidente, le tocará elaborar propuestas sobre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el sistema procesal acusatorio y el juicio por jurados. No vale ninguna reforma parcial ni cosmética que perpetúe en el tiempo las fallas de origen de nuestro sistema judicial: está diagramado desde siempre para que las causas con contenido económico no lleguen a su fin, el Poder Judicial está organizado para que la ley caiga sobre los delincuentes menores y legitimar la impunidad de grandes delincuentes que han vaciado y siguen vaciando el país desde hace por lo menos doscientos años y de algunos que cometieron crímenes horrendos de lesa humanidad (caso Blaquier, por ejemplo). Una pequeña muestra de ello es la reiteración de apellidos “ilustres” en todas las CSJN que sucedieron a aquella que avaló el golpe de Estado contra Hipólito Irigoyen, en 1930.
Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en Jujuy.
Una de las palabras más importantes en toda esta cuestión es “democratizar”. ¿Qué significa? Significa facilitar el ingreso a todos los cargos en paridad de géneros pero también en “paridad social”. Que no debe ser un impedimento el pertenecer a las clases sociales más bajas ni tampoco las opciones de género en cuanto a lo sexual. (Recordemos la polémica que hubo en Córdoba en los años ‘80 cuando se discutía la incorporación de los jurados populares a la estructura de la justicia penal provincial: se decía, entre muchas otras cosas, que la Justicia iba a perder calidad si se permitía que un carnicero o un peón de campo decidiera sobre la culpabilidad del reo por encima de los señores magistrados).
“Desconcentrar y que haya gente nueva, ya que no se los puede echar a todos”, implica en primer lugar, en el jardín de infantes de la formación jurídica, la separación de la carrera universitaria de abogacía con programas diferentes para quienes solo desean ser abogados y para quienes aspiran a acceder a la magistratura, con contenidos especialmente cuidados en DD.HH. y en respeto por la independencia de criterios, una mirada antropológica de verdadera igualdad ante la ley y la obediencia a los tratados supranacionales, la CN y las provinciales. También el respeto al ser humano por ser tal y a las comunidades originarias y a los trabajadores inmigrantes, de manera especial.
¿Y cómo se transforma el acceso a los cargos expectables de la magistratura? Pues, a mi ver, cuidando que no haya trabas de ningún tipo para evitar que en los concursos para esos cargos primen esas trabas por encima de la honestidad y la visión igualitaria de la sociedad. Trabas, diseñadas a propósito, para que solo pueda acceder quien dispone de tiempo, dinero y relaciones, disfrazado de un currículum que acumula y da valor a la cantidad de cursos realizados, lo que significa un gasto al que no todos pueden acceder. En ese caso deberían establecerse para quienes necesiten competir, becas de estudio a cargo del Poder Judicial. Tampoco la llamada “entrevista personal” garantiza nada, más que al tener apellidos ilustres facilita imponer los candidatos preferidos.
Seguramente la sociedad cuestionará la idoneidad de esos funcionarios, pero la respuesta es muy simple: la legitimación permanente deberá ser a través del estudio de las resoluciones paridas por cada uno de los magistrados y funcionarios, y un examen periódico que valorice o no su designación, con la posibilidad de la reasignación o el simple relevo de funciones. Vale recordar que el tiempo cambia la perspectiva de las cosas: en julio de 2020, León Arslanian opinaba que la tan cuestionada hoy por toda la sociedad “es una buena Corte. Son personas que están fogueadas, que tienen trayectoria y han ido produciendo buenas decisiones. No tengo ninguna objeción”. No conozco si tuvo ocasión de arrepentirse de decir lo que dijo por la sencilla razón de no querer quedar mal ante la corporación que aplica las leyes, decide sobre la libertad de las personas, la “seguridad jurídica” que reclaman “los inversores” para vigilar que nada cambie, las expropiaciones de tierras (como la campaña del desierto liderada por el Gral. Roca) que si son ocupadas por gente humilde constituyen un aberrante delito, o el extractivismo minero que destruye impunemente la tierra, los ríos y la salud de los argentinos.
No estamos en buenas manos ni lo estaremos mientras no le encontremos la vuelta a la verdadera reforma que necesitan las instituciones de nuestro país, entre otras la Justicia en todos sus fueros y especialidades, y también los planes de estudio en todos los niveles académicos.
Para mí la reforma debe ser profunda y cultural. Deben cambiarse las matrices que nos impiden cuestionar lo que se nos enseña desde la más tierna infancia, y que muchos repiten como loros porque no alcanzaron una mínima capacidad de crítica. Una reforma va ligada a la otra, sin ninguna duda, la de la Justicia y la de la educación. Pero esos proyectos no deben ser secretos sino públicos y discutidos por toda la sociedad. Sino, seguiremos dando vueltas a la noria con anteojeras y una zanahoria que nos lleva hacia ningún lugar. El mismo Arslanian dijo en julio de 2020 que “hacía mucho que no se planteaba una oportunidad como ésta, un intento de trazar una política pública en materia de sistema judicial, con los temas más importantes”. Sería una pena, más que una pena una mancha enorme en la memoria de la república, si se desperdicia esta nueva oportunidad.
* Fernando López es escritor y abogado. Fue juez de instrucción y juez de control en la justicia provincial de San Francisco. Lleva publicadas varias novelas y desde 2014 organiza el Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial “Córdoba Mata”.
>> OTROS ARTÍCULOS DE FERNANDO LÓPEZ
VER Cuando la muerte viene de arriba.
VER La caída de Yrigoyen: los negocios del agro y del petróleo, la prensa golpista y el papel de Perón.
—
