Después de escuchar atentamente la explicación de Cristina Kirchner, acerca de las felonías cometidas por el fiscal Luciani en el alegato en el que pidió 12 años de prisión para ella y otros funcionarios, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, estoy cada vez más convencido de que hacerles juicio político a los miembros de esta Corte Suprema, o aumentar su número a nueve, doce, quince, cincuenta o cien, no será suficiente para que podamos tener una Justicia digna.
Porque seguirá habiendo magistrados y funcionarios que seguirán actuando según los dictados de su propia concepción del derecho (llámese a eso ideología si se quiere), cometiendo delitos atroces como convalidar el endeudamiento fraudulento de todo un gobierno de empresarios que solo buscaron enriquecerse a manos llenas en el menor tiempo posible. O cajonear los recursos planteados por Milagro Sala sin decidir si corresponde o no revisarlos, o convalidar las trampas “legales” de empresas de abogados (no ya “estudios jurídicos”) que deciden las causas a favor de sus clientes litigando en juzgados amigos, cómplices de semejantes atrocidades, que ya, hoy, son infinitas.
Si comenzamos con aquella Corte Suprema integrada por los magistrados José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, con un procurador general curiosamente llamado Horacio Rodríguez Larreta (chozno del actual intendente de la CABA), que con su varias veces aplicada “Teoría de los golpes de Estado” permitió que subsistieran las dictaduras militares argentinas hasta 1983, hay para hacer dulce. Y acá entramos al punto que da motivo al título de esta nota. No sería la primera vez que se interviene un Poder Judicial en Argentina o se somete a juicio a cortesanos (como en 1945 y por única vez en la Historia, Perón sometió a juicio a la CSJ que convalidó el golpe militar de 1943). La Junta autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” cesanteó a los cortesanos y despidió a centenares de jueces. En 1984 el presidente Alfonsín puso en comisión a los jueces, para evaluar el tenor de las sentencias dictadas a lo largo de un tiempo determinado.
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Y sí, muchos, muchísimos Magistrados entraron en pánico ante la posibilidad de perder el trabajo seguro, sin ningún tipo de controles en el que se jubilarían con haberes extraordinarios, si la suerte no se volvía en su contra y llegaban a encontrar alguna pifia casual o consuetudinaria. Y sí, entraron en pánico, pero también hay que decir que fueron una minoría, porque todos y todas los otros/otras cumplían a conciencia con la aplicación de las leyes, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.
Yo mismo he sido estudiante de Derecho, después pinche en los Tribunales de la provincia, secretario, asesor letrado, juez de instrucción y finalmente juez de control en el fuero penal en la ciudad de San Francisco. Al recibirme de abogado y ver que se demoraba mi ascenso, renuncié y ejercí la profesión liberal durante tres años, en los que defendí a varios presos políticos y otras tantas causas perdidas. En esos tres años me enemisté con la mayoría de quienes habían ascendido por méritos indiscutibles según las reglas del sistema, pero que no conocían la calle (cito el ejemplo de un actual camarista recibido con medalla de oro que nunca había caminado por las calles de Córdoba), no les importaba discutir lo que le planteaban los abogados con matrícula, no acudían (ni acuden) a presenciar las autopsias ni los allanamientos ni controlan que los detenidos no sean castigados por la policía. Recuerdo una anécdota graciosa (para seguir con las autorreferencias) que en su momento me desagradó: en una reunión a la que los magistrados del fuero penal habían citado a todos los policías para instruirlos de que a partir de entonces no podían torturar a los detenidos, uno de ellos preguntó con la candidez de un niño: “Doctor, ¿y cómo vamos a hacer para que confiesen?” Recuerdo que la respuesta fue contundente: laburen, no sean vagos, investiguen, no oculten ni planten pruebas falsas.
Han pasado desde entonces casi cuarenta años y la policía sigue torturando, plantando pruebas, matando a los portadores de rostro, armando sumarios para los jueces a pedido de algunos abogados o dejando prescribir causas por las que nadie reclama porque así lo permiten los códigos actuales. Y NA-DIE CON-TRO-LA A NA-DIE. No basta con cambiar los planes de estudios de la escuela de policía, con lo que estoy de acuerdo, como también estoy de acuerdo con que los aspirantes a jueces DEBEN TENER un plan de estudios diferente al de los simples abogados. Un simple abogado, que estudia para ganarse el sustento a como venga, por las buenas o haciendo trampas, no puede ser un buen juez si no ha sido educado con un plan de estudios diferente, diseñado sobre la base del conocimiento de la Historia argentina, de las necesidades vitales de la gente común, experto en DD.HH, en diversidad de géneros, en los daños ecológicos que producen algunos empresarios con sangre fría, en el conocimiento profundo de los tratados internacionales, y sobre todo, CON UN CONTROL periódico y estricto de las sentencias que producen.
Seguramente se me achacará un exceso de auto referencialidad. No lo niego. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo. Mientras yo fui juez, en mi jurisdicción, que abarcaba los 13.677 km2 del departamento San Justo de esta provincia, no se torturaba ni había muertos por gatillo fácil. Durante las semanas que estaba de turno, los sábados y domingos recorría sin avisar las comisarías de toda la jurisdicción. Nunca sabían adónde iría ese fin de semana. Llegaba y lo primero que hacía era pedir que me presentaran a los detenidos que figuraban en el libro de entradas. Si había alguno golpeado (al principio de mi gestión los hubo) los hacía revisar y diagnosticar por un médico forense o el director del hospital. Siempre me acompañaba mi secretario, refunfuñando pero firme en la brecha. Y SIEMPRE estuve presente en todas las autopsias, y preguntaba y repreguntaba sobre todo lo que me llamaba la atención. Mis secretarios jamás quisieron entrar conmigo a la morgue.
El edificio de la Corte Suprema de Justicia. (CSJ).
Quiero decir, para terminar y espero haber sido claro, que los jueces y funcionarios cabales no deben tenerle miedo a un control periódico de sus resoluciones ni que los pongan en comisión. Yo renuncié a mi función para no dar el brazo a torcer. No me enriquecí: solo soy propietario de un departamento de 67 m2 y un vehículo mediano. Para el futuro, quienes aspiren a ser jueces deberán ser educados en escuelas de Derecho para jueces, bajo el lema de que no todo abogado sale de la facultad con las condiciones debidas para serlo, ni basta con ser pariente o entenado de familias patricias que toman como coto de caza de sus fortunas las oficinas del Poder Judicial. Creo firmemente que es la única manera de que NO volvamos a tener una CSJ tan corrupta, tan incapaz de atenerse a derecho y de corregir las barbaridades de los jueces y fiscales inferiores.
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* Fernando López es escritor y abogado. Fue juez de instrucción y juez de control en la justicia provincial de San Francisco. Lleva publicadas varias novelas y desde 2014 organiza el Encuentro Internacional de Literatura Negra y Policial “Córdoba Mata”.
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