Estos últimos años, sin lugar a dudas, fueron los peores de los últimos 15 para quienes trabajan en la Argentina. Desde el inicio del actual gobierno nacional se implementó una gran cantidad de medidas que nos revelan que estamos ante una clase política gobernante con una mirada anti-obrera. Lo demuestra, por ejemplo, uno de los principales incumplimientos de las promesas de campaña, el compromiso que el presidente Mauricio Macri asumió cuando dijo que los trabajadores no pagarían más Impuesto a las Ganancias. No sólo no cumplió, sino que además aumentó la cantidad de asalariados que pagan este tributo injusto y regresivo.
También se estigmatizó a los trabajadores estatales, tildándolos de “vagos” o de “ñoquis”; a los abogados laboralistas, atribuyéndoles ser parte de una industria de los juicios; y a los sindicatos y a los verdaderos dirigentes gremiales, que luchan por sus afiliados.
Buscaron poner techos a las paritarias. Consintieron que existan actividades (estatales y privadas), en las que los trabajadores no tuvieron paritarias. No intervinieron en los casos de evidentes violaciones de derechos previstos en leyes nacionales y en disposiciones de la propia Constitución. ¿Para qué existe la Secretaría de Trabajo de la Nación?
Vienen insistiendo en que se trate y se apruebe una reforma laboral. A través de ella se busca flexibilizar las condiciones de trabajo, recortar derechos y conquistas, debilitar las organizaciones sindicales y, en definitiva, llevarnos a la era de hielo en materia laboral (una especie de esclavitud moderna).
Fueron despedidos miles de trabajadoras y trabajadores, tanto estatales como privados, y no se arbitraron medidas para suspender por un tiempo los despidos.
El modelo actual es más bien agro-exportador y dirige gran parte de sus medidas para beneficiar a los ricos, a los sectores más acomodados de la Argentina.
Este modelo no tiene entre sus prioridades lograr una mayor industrialización, ni apoyar y asistir a las PYMES, que son las que más trabajo generan, ni apostar a la producción nacional, ni estimular el mercado interno, ni mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos para que vivan con dignidad.
Si bien existen organizaciones sindicales nacionales que cumplen su función de modo eficiente (logran paritarias dignas, nuevos derechos y conquistas; administran su propia obra social sin intervenciones; capacitan y ofrecen muy buenas opciones para vacacionar a quienes representan), también hay quienes han consentido la flexibilización laboral en su actividad, fueron serviles y cómplices del poder político.
A ello se suma la virtual, inexistente y mediocre CGT actual. Es necesaria su urgente normalización por parte de los sindicatos.
Es importante remarcar que el Gobierno nacional fue acompañado en muchas de sus acciones por gobiernos provinciales (incluidos algunos de distinto signo político), lo que es lamentable, porque la ciudadanía y los trabajadores no esperaban esa actitud.
Frente a este cuadro de situación, 2019 les ofrece la posibilidad a los trabajadores argentinos de elegir gobernantes que impulsen un modelo contrario al actual.
Será el momento de votar a gobernantes que reconstruyan el país. Será el momento de votar a gobernantes que vengan de las filas de los trabajadores. Pero, sobre todo, debe mandar un claro mensaje a quienes aspiren a llegar a cargos ejecutivos nacionales (también provinciales y municipales): nunca más gobiernos anti-obreros.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
