(Por Gustavo Santillán y Omar Ruíz *). Nuestro país se encuentra, desde el 10 de diciembre de 2023, en una situación crítica. Ello se debe a la violenta aplicación de un programa político deliberadamente orientado a la licuación de los ingresos de los sectores populares, al deterioro de sus condiciones laborales y a la destrucción del sector público y de los lazos de solidaridad que aún nos unen como Nación. Este programa sólo puede aplicarse mediante el avasallamiento de las instituciones republicanas y de las autonomías provinciales, el cercenamiento de las libertades públicas, la restricción del derecho constitucional a la huelga y a la protesta y la represión policial.
Frente a este cuadro de situación, es perentoria la articulación de la más enérgica oposición posible a la actual acción de gobierno, dentro de los marcos constitucionales y de nuestra forma política democrática.
Al mismo tiempo, también es perentoria la reflexión y el debate constructivo acerca de las condiciones socioeconómicas de base que contribuyen a explicar la coyuntura actual.
Estas condiciones configuran en sí mismas un cuadro de situación preocupante, y advertido al menos desde 2015.
Esta compleja situación se explica, a nuestro juicio, en primer lugar, por desequilibrios estructurales de la economía que no han podido ser atendidos de manera debida. La República Argentina, desde los inicios de su proceso de industrialización, conforma una economía dual, compuesta por un sector exportador de commodities alimenticios que provee las divisas necesarias para el desarrollo de su sector industrial, orientado a la provisión de bienes de consumo colocados en el mercado interno. A partir de esta persistente situación (y a pesar de la aplicación de políticas orientadas a la desindustrialización del país en los periodos 1976-1983 y 1989-2001), el sector industrial, que en periodos de crecimiento económico demanda más divisas, que las generadas por el sector exportador, presionando hacia el recurso al endeudamiento externo y a la desvalorización del tipo de cambio, lo cual genera frenos recurrentes al crecimiento económico, que no puede así sostenerse en el mediano plazo.
Esta ha sido la dinámica verificada entre 2002 y 2015. En este periodo, el ciclo ascendente del precio de las commodities exportadas por la Argentina y el establecimiento de un tipo de cambio competitivo para dichas exportaciones no pudo ser aprovechado para la transformación estructural de la economía. Las prioridades políticas de los gobiernos a cargo del país estuvieron orientadas en ese periodo, razonablemente, a la recomposición de los salarios y de los ingresos populares, a la recuperación de los activos públicos y al desendeudamiento externo. Sin embargo, al inicio de la década de 2010, las bases del crecimiento económico iniciado en 2002 comenzaron a agotarse. El superávit comercial del país se erosionó de manera sostenida, y la dinámica recién expuesta redundó en una manifiesta escasez de divisas. Ello fue parcialmente atendido, primero, en 2011, a través de la disposición de restricciones parciales a la compra de divisas y luego, en 2014, con una devaluación cambiaria que indujo el incremento de unos índices inflacionarios que ya se encontraban previamente al alza.
El gobierno entrante en diciembre de 2015 no hizo más que agravar la situación por cuanto, primero, recurrió a la emisión de letras del Banco Central para contraer la masa monetaria en pesos y sostener la estabilidad del tipo de cambio una vez levantadas las restricciones cambiarias. Ello no hizo más que posponer el problema puesto que indujo presiones crecientes sobre la cotización futura del dólar. Finalmente, en 2018, se produjo una nueva devaluación, y el recurso a una masiva asistencia financiera por parte del FMI no hizo más que agravar la posición financiera del país.
Este cuadro atravesó toda la gestión de gobierno del presidente Alberto Fernández, en condiciones agravadas por la pandemia de COVID-19 y por el incremento generalizado de los precios a nivel mundial. La política monetaria fue en este contexto expansiva, para sostener la demanda y el empleo formal; las tensiones cambiarias e inflacionarias, por ende, fueron crecientes. El gobierno de Alberto Fernández intentó, finalmente, con grados más o menos relativos de éxito, reestructurar la deuda contraída con los tenedores privados y con el FMI, y recurrir a vías alternativas de financiamiento externo.
El resultado final ha sido, a finales de 2023:
-a) la persistencia de elevados índices de endeudamiento externo (revirtiendo el proceso de desendeudamiento logrado entre 2002 y 2005);
-b) el registro de índices de inflación de dos dígitos mensuales;
-c) el crecimiento de la pobreza, que afectó a más del 40% de la población argentina;
-d) el sostenimiento de elevados índices de informalidad laboral.
Entendemos que esta situación no ha sido comprendida en su integralidad y en sus implicancias por las fuerzas políticas y por las corrientes de pensamiento a las que adscribimos. Por lo tanto, proponemos la discusión sobre una serie de ideas iniciales hacia la construcción de un programa económico que nos permita discutir con firme consistencia al programa de gobierno de la derecha liberal y sustentar acciones futuras de gobierno.
En este sentido, cualquier esbozo de programa económico alternativo debería estar basado en las siguientes premisas. Las mismas corresponden a una primera etapa y deberán ser consideradas para el plazo más inmediato, sentando los fundamentos de un programa económico ulterior de desarrollo:
-Declaración del estado de emergencia social, para atender de manera urgente la situación de nuestras hermanas y hermanos afectados por niveles acuciantes de pobreza e indigencia. Articulación, para ello, de la acción estatal efectiva y honesta como pilar, junto con el trabajo de las organizaciones sindicales y sociales para disponer programas alimentarios, sanitarios y de recomposición de los ingresos populares en todo el territorio nacional.
-Reconocimiento de la gravedad del fenómeno inflacionario como problema que afecta a los sectores populares. En este sentido, se propone lo siguiente: a) establecimiento de un acuerdo social institucionalizado entre las cámaras empresarias y las centrales sindicales sobre precios y salarios, b) establecimiento de políticas fiscales y monetarias tendientes al equilibrio y consistentes con los objetivos de política económica del gobierno. En este sentido, ordenamiento del gasto público asignando prioridad preponderante a las partidas sociales, conteniendo el volumen del resto de las partidas hasta que se estabilice la evolución de los precios y la posición financiera del país, c) sostenimiento, desde el Banco Central, de políticas consistentes orientadas a la preservación del valor de la moneda nacional, d) establecimiento de tasas que incentiven el ahorro en pesos, y promoción simultánea del crédito con niveles de interés que favorezcan a la producción, e) reducción del Impuesto al Valor Agregado, f) establecimiento de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, en niveles sensiblemente superiores a los estipulados en 2020, g) restablecimiento inmediato de los mecanismos de relevamiento de precios y composición de las cadenas productivas afectados por las disposiciones del actual gobierno, h) disposición de un sistema de información de precios para los productos de primera necesidad, disponible en tiempo real para los consumidores.
-Establecimiento de un sistema de cambios múltiples, que resulte competitivo para los sectores exportadores y que penalice con un diferencial superior a la importación de bienes de consumo no esenciales y/o producidos en el país.
-Fijación de derechos de exportación en el 35% para la venta al exterior de porotos de soja. Escalonamiento progresivo para el resto de las exportaciones, desgravando las exportaciones industriales y de las economías regionales, y reduciendo los derechos de exportación fijados para la venta de carnes. Establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno y las entidades agropecuarias, que evalúe periódicamente los niveles de retención en función de la evolución de los precios internacionales, del tipo de cambio real y de la evolución de los precios internos.
-Revisión y renegociación de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Inserción del país como miembro de organizaciones multilaterales y financieras alternativas a las instituciones de Bretton Woods. (AIIB, Nuevo Banco de Desarrollo, etc.). Revisión del sistema de pagos internacionales hacia la incorporación de nuevas divisas alternativas al dólar estadounidense.
El presidente Javier Milei junto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: Télam / Archivo).
-Articulación de la política exterior con los objetivos de la política económica del país. Promoción de las exportaciones argentinas en el exterior, y reforzamiento de vínculos comerciales con socios no tradicionales (Oriente Medio, Sudeste Asiático).
-Incentivación de la creación de puestos de trabajo registrados formales. Restablecimiento de las penalizaciones establecidas para aquellas empresas que posean trabajadores no registrados. Simplificación del régimen tributario para las pequeñas y medianas empresas y establecimiento de subvenciones y exenciones fiscales para la regularización de los trabajadores empleados en dichas empresas.
-La presentación de estas ideas, asimismo, supone, en la actual coyuntura, que las transformaciones introducidas por el gobierno actual son, además de regresivas, inviables y profundamente desestabilizadoras. Por ende, esperamos que este documento aporte tanto a la discusión de un programa alternativo como al diálogo, articulación y organización política del campo nacional, popular y democrático.
* Gustavo Santillán y Omar Ruiz son integrantes de la Comisión de Economía de la Corriente Nacional de la Militancia Córdoba / Unión por la Patria (UxP).
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